Dos personajes muy relevantes y cercanos a Andrés Manuel López Obrador durante la etapa de transición y la primera parte de su gobierno fueron Carlos Urzúa y Alfonso Romo. Ambos delinearon el proyecto económico de la 4T y se sentían con la suficiente libertad para actuar cada uno en su campo: Urzúa, como secretario de Hacienda, dirigiendo la política económica y el plan nacional de desarrollo, y Romo, como jefe de la Oficina de la Presidencia, como enlace con el gabinete y los empresarios.

Con el paso de los meses, ambos funcionarios se fueron dando cuenta que su poder de decisión era más bien acotado. A Urzúa, López Obrador le hizo pedazos su plan nacional de desarrollo y lo tachó de ‘neoliberal’, mientras que a Romo lo desacreditó tan pronto como en la etapa de transición, con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, una obra que el empresario aseguraba a los inversionistas no naufragaría.

Urzúa fue dos años y medio secretario de Finanzas de López Obrador cuando éste era el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Abandonó su cargo para regresar a la academia, de donde lo había sacado cuatro años antes el beligerante presidente del PRD para reestructurar las finanzas del partido, y más tarde para que lo acompañara en su paso por el gobierno capitalino.

Urzúa duró siete meses como secretario de Hacienda de la actual presidencia de López Obrador.
Renunció por “discrepancias en materia económica”, por la “imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” y por “conflictos de interés” de otros integrantes del gabinete.
Después le pondría nombre y apellido a uno de esos funcionarios: Alfonso Romo, quien había colocado en cargos estratégicos de Hacienda, la CNBV y la banca de desarrollo a sus cercanos.

Romo terminaría renunciando en diciembre de 2020. Aunque se quiso manejar como una salida acordada, el empresario llevaba meses criticando en foros públicos las decisiones del gobierno de López Obrador, las cuales, decía, generan desconfianza a la inversión privada e inhiben el crecimiento y desarrollo.

Tras sus deserciones, tanto Urzúa como Romo han tomado distancia del gobierno de AMLO, y no sólo eso: ambos, uno públicamente y otro en privado, critican a la 4T que vivieron desde adentro y a la cual no le auguran buen futuro.

Con respecto a Carlos Urzúa, basta con leer sus artículos publicados todos los lunes en las páginas de El Universal para saber su opinión sobre la conducción del país en términos económicos, sociales e incluso políticos. El exsecretario de Hacienda lo mismo ha criticado la nula política contracíclica para enfrentar la crisis económica que el aumento del desempleo, la pobreza y la fallida contrarreforma energética; también la relación con EU, el ‘asalto’ a los organismos autónomos, el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y el pésimo manejo de la pandemia. Las opiniones de Urzúa incluso tienen un tufo de reproche hacia el presidente y su gabinete.

En cuanto Romo, el empresario regresó a Nuevo León a dirigir sus empresas y fondos de inversión, y si bien recientemente organizó una cena a la que acudió el presidente López Obrador, la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, y los empresarios del Grupo de los 10 de Monterrey, tampoco existe una buena relación con el Ejecutivo. No por lo menos en las charlas que mantiene en privado con algunos empresarios a los que les ha confiado su decepción y molestia por cómo se ha conducido el país desde el Ejecutivo.

Y pese haber sido antagónicos durante el tiempo que trabajaron juntos en el gabinete, Romo y Urzúa coinciden en que la 4T y su timonel llevan el país hacia la colisión.

En la mira, más empresarios por corrupción inmobiliaria en CDMX

Las historias sobre el llamado cártel inmobiliario de la CDMX son abundantes. Este clan, que tuvo auge durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es investigado por la Fiscalía de la ciudad desde septiembre pasado, cuando Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó denuncia ante la instancia. De acuerdo con las indagatorias, desde 2003 se echó a andar la maquinaria con la que funcionarios y empresarios lograron millonarias ganancias, pero fue hasta 2012 y 2018 que logró consolidarse. Uno de los instrumentos jurídicos que se utilizaron para construir más y de manera ilegal fueron, entre otros, el Sistema de Transferencia de Potencialidades, figura creada en 1988. El edificio ubicado en Ámsterdam 191, en la colonia Condesa de la delegación Cuauhtémoc, podría ser uno los pioneros en sacarle provecho a esta figura, pues fue justo en 2003 cuando Moisés Ison, de la desarrolladora Central de Arquitectura, solicitó permiso para aplicar el Sistema y con ello rebasar con dos niveles los pisos permitidos. Luis Guillermo Ysusi Farfán, entonces director General de Desarrollo Urbano, le otorgó la autorización a cambio de una contraprestación de 3 millones 712 mil 341 pesos. Hoy cada departamento tiene un valor promedio de 8 millones, según páginas de venta de inmuebles. Desde entonces, Moisés Ison y su socio José Sánchez se convirtieron en prominentes empresarios y han desarrollado 17 edificios habitacionales. Los empresarios también son dueños de la cadena de tacos Taquearte.

Morena pelea capital chihuahuense

En Chihuahua al parecer el PAN no las trae todas consigo. La probabilidad de que Morena gane la elección de la alcaldía de la capital del estado, con un candidato externo, va creciendo.

Marco Quezada es el abanderado de Morena para competir de nuevo por ese puesto. El abogado de la universidad de Chihuahua ya fue alcalde de la ciudad en el periodo 2010-2013, postulado por el PRI. Durante su gestión se confrontó con el entonces gobernador del estado, César Duarte, quien, aseguran, descarriló su candidatura al gobierno del estado.

A cinco años de la debacle de Duarte y con un gobernador desgastado –Javier Corral–, Morena postuló a un candidato de centro progresista que busca atemperar la imagen del radicalismo morenista que ha permeado en algunos sectores de la sociedad conservadora.

mario.maldonado.padilla@gmail.com
@MarioMal 

Google News