Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó, en lo general y con cambios, el dictamen a la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución General para establecer las normas que regulan el procedimiento de la revocación de mandato. El dictamen fue modificado de su propuesta original –como había sido votado en la Cámara de Diputados–, ya no podrá el Ejecutivo ni el Congreso solicitar la remoción en el cargo. Sólo lo podrán hacer los ciudadanos a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

La revocación de mandato como la define Alán García Campos, es “el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido”.

La mayoría estamos de acuerdo en que la figura de revocación de mandato es parte de la democracia directa para fortalecer la soberanía y los derechos de los ciudadanos, los cuales contaran con instrumentos que intervengan en la destitución de servidores públicos que hayan incumplido sus obligaciones para el Estado, asimismo les da, a los ciudadanos, la oportunidad de fortalecer la legitimidad y las regulaciones jurídicas hacia un gobierno democrático y moderno.

Sin embargo, la reiterada frase “el pueblo pone y el pueblo quita” que apareció en algunas de las curules, hace evidente que detrás de la reforma hay un riesgo calculado que genera “el sospechosismo” sobre la intención de reelegirse del Ejecutivo federal, a pesar de que se quiere velar como una conquista de la democracia participativa. Podrán poner todos los candados legales a la revocación de mandato, pero no olvidemos el caso de Baja California: en su momento, cuando se haga la consulta popular, buscarán ampararse en estrategias legaloides y legislativas para buscar la reelección presidencial.

Algunos articulistas opinan que “salvo que ocurra una verdadera tragedia en las elecciones intermedias del 2021 para Morena y el presidente, sin duda la consulta popular sobre la revocación además de enconar a los mexicanos, buscará la modificación constitucional del artículo 83, que habla del sufragio efectivo, no reelección”, situación que nos llevaría a una dictadura constitucional. Como puede verse, la revocación de mandato es más complicada que organizar una elección general. ¿Cuál es la mejor forma de implementar este mecanismo? No lo sabemos a ciencia cierta, porque la revocación es una medida poco frecuente en las democracias consolidadas.

Lo que sí tenemos es información de cómo ha funcionado en figuras similares en América Latina y el diagnóstico es más bien desalentador. En 1999, durante su primer mandato presidencial, Hugo Chávez introdujo la revocación de mandato, la historia es conocida: Chávez fue reelecto tres veces.

La posibilidad de revocar el mandato a la mitad del encargo, disminuye el valor a la elección primera, puesto que todo mandatario electo entra al cargo con la posible remoción antes de cumplir su periodo. Ser electo por seis años solo le garantiza una especie de gobierno provisional, pues la revocación de mandato lo obliga a prepararse para comparecer de nuevo ante el electorado para refrendar la validez de su cargo, pero debe de existir un sistema político-electoral confiable, pues los presidentes tienden a buscar reelegirse o ampliar sus poderes si no enfrentan suficientes contrapesos políticos o legales.

Debo señalar que es inadmisible la ingenuidad política entre los legisladores de oposición que la votaron a favor, sin convenir los términos de la ley reglamentaria y más aún, porque es clara la original intención de la reforma constitucional rumbo a la dictadura.

Héctor Aguilar Camín escribió muy acertadamente las implicaciones que puede traer esta figura si no está soportada en las instituciones: “La revocación de mandato es una noticia muy mala para la democracia. El Congreso le metió una tuerca al engranaje democrático. Es un proyecto de agitación electoral continua. Los gobiernos van a estar todo el tiempo pensando en las elecciones y no en el gobierno”, sintetizó...

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador federal y local