En días pasados fue aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa sobre revocación de mandato y consulta popular. La iniciativa busca reformar diversos artículos de la Constitución, “con la finalidad de instruir la figura de revocación de mandato”, por lo que pretende, “establecer el derecho y obligación de votar en las consultas sobre revocación del mandato. Y entender esta como un medio de control constitucional de participación ciudadana, para destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su gestión.”

Para algunos legisladores de oposición, la iniciativa de revocación de mandato está redactada de forma que puede interpretarse que la consulta puede realizarse no sólo para revocar el mandato presidencial, sino también para prolongarlo. Opinan que hacer una consulta a mitad de mandato usando simultáneamente las elecciones en los que renovará el congreso, la mayoría de los gobiernos estatales, centenares de municipios y con la excusa de la “consulta”, poner al Presidente en la boleta electoral, es hacerlo un “actor legal del proceso, incluyendo su participación física y publicitaria en la contienda”.

Establecer la revocación del mandato, como opinan algunos, “es un mecanismo de participación de los ciudadanos con el cual ejercen control político”, sin embargo debe plantearse de manera clara cuál es el fin de instituirla. La historia nos dice que la no reelección es uno de los instrumentos legales que le dieron paz y estabilidad al país, revisarla, aunque sea negándolo, inspira intranquilidad.

Nuestro país tiene aún muchos retos que enfrentar y mucho escrutinio ciudadano por hacer. Apuntemos en cómo fortalecer nuestra democracia. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, hizo manifiesto un argumento muy peligroso, “el pueblo pone: el pueblo quita y el pueblo reelige”, lo que trasciende es la construcción de una presidencia unipersonal, el debilitamiento o destrucción deliberada de los contrapesos institucionales y sociales (como las voces críticas y la prensa independiente), la entrega directa de recursos a millones de mexicanos, la estrangulación de los presupuestos de los gobiernos estatales, la administración centralista con los súper delegados, etc., coincide en un solo mensaje: se está desfigurando la democracia y la justicia social.

Otra tesis que han manifestado los legisladores es en el sentido de que si se aprueba la iniciativa constitucional, ¿deberá tener efecto de inmediato, en este sexenio o deberá tener consecuencias hasta el próximo sexenio? Este tema tiene que ver con la no retroactividad de las leyes. Si el presidente se eligió bajo ciertos supuestos constitucionales, ¿una reforma constitucional que afecte esos supuestos podrá tener efectos retroactivos? Existen numerosos ejemplos de cambios a artículos trascendentes cuya entrada en vigor sistemáticamente se ha pospuesto al sexenio siguiente. Esta reforma no podría ser aplicable para el actual presidente ni para los candidatos electos en el 2018, debido a que cuando fueron electos fue con otras leyes y no existía este principio, por lo que solo podría aplicarse a los candidatos que resulten electos en 2024.

Si no es así, el presidente seguirá en campaña en las elecciones intermedias con la finalidad de darle a su partido, los dos tercios de la votación que necesita para hacer todas las reformas que desee y regresar al pasado estatista.

Es imperante se respete la Constitución y la revocación de mandato, en el supuesto de aprobarse, debería entrar en vigor hasta el siguiente sexenio. El debate inminente en el Senado de la República respecto a la iniciativa para la revocación de mandato será la oportunidad para demostrar que hay oposición de los partidos políticos.

Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local. @Chucho_RH