La política es, sin duda, la actividad más desprestigiada que existe. Gobernar es cada vez más difícil, ante una sociedad más informada pero a la vez peor informada, que cuenta con un micrófono de gran resonancia que son las redes sociales, las cuales hacen más fácil levantar la voz y que ésta sea escuchada. Al desgaste de esta actividad se le ha puesto un indicador que es la calificación que le dan sus propios gobernados a los gobernantes, misma que comúnmente es reprobatoria. Tomando en cuenta lo anterior, ¿por qué plantear una reforma que instituya la revocación de mandato elevándola a nivel constitucional? En buena medida hay cálculos políticos en ella.
La máxima popularidad de los candidatos se alcanza el día de la votación después de una gran exposición mediática. Luego viene, para los ganadores, una especie de luna de miel, para luego pasar a una etapa que difícilmente dura más allá del primer año donde se les justifican los errores o la falta de resultados porque apenas se están encanchando.
Se trata de una cronología habitual para un gobernante y su relación con la población a la que gobierna o representa. Posteriormente viene, para la mayoría, un fuerte desgaste por no poder cumplir con las expectativas, lo que sucede por falta de recursos, de tiempo, por ineptitud, por negligencia, por corrupción o por una combinación de todas las anteriores. Los compromisos de campaña son, en muchas ocasiones, imposibles de lograr.
Frecuentemente se llevan a cabo encuestas para calificar a todos los gobernadores de la República y lo que se puede observar ahí es que aún los que aparecen mejor evaluados, tienen una calificación debajo de 50 en una escala de 0 a 100, donde, por cierto, la mayoría de los mandatarios está por debajo de la media nacional que es alrededor de 30. Podría concluirse, entonces, que incluso los mejores gobiernan una población que mayoritariamente no aprueba su gestión, por lo que si tuvieran que poner a consideración de su electorado, a medio sexenio, si deben quedarse o irse, sería muy probable que fueran despedidos por los electores, desilusionados ante la realidad.
Aún a pesar de que los números evidencian el desgaste de gobernar, la iniciativa de Morena, presentada en ambas cámaras, es que se dé vida jurídica y obligatoriedad a la figura de la revocación de mandato a nivel constitucional, por la cual se pondría a consideración del electorado, a la mitad del mandato presidencial, si deben continuar en el cargo o irse para dar paso a una nueva elección que releve a la fallida.
Podría considerarse una propuesta temeraria, que incluso en la iniciativa presentada en el Senado considera también a los gobernadores, alcaldes, senadores y diputados. En realidad, esta estrategia no tiene que ver con algún exceso de confianza sobre lo que será el desempeño de AMLO en el primer tramo de su administración, aunque sí tiene que ver con su popularidad, con la que cargó en hombros a tantos y tantos candidatos, que, sin ese fenómeno que fue Andrés Manuel, difícilmente hubieran logrado las posiciones que hoy le dan mayoría en el Congreso federal, mayoría de las legislaturas locales y cinco gubernaturas.
Esta situación pudiera estar generando preocupación en los liderazgos de Morena, ¿cómo lograr mantener los índices de votación del 2018 en el 2021? ¿Cómo puede estar presente la imagen de Andrés Manuel López Obrador en las urnas? Sin duda la revocación del mandato es una jugada interesante para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, así como ganar la mayoría de las 13 gubernaturas en disputa en el 2021. De instituirse la revocación del mandato, López Obrador estaría presente otra vez en las urnas, para ser de nueva cuenta el referente de una nueva elección, presentándose de alguna forma a una nueva y cuarta elección donde ha sido siempre una figura muy rentable.
