La democracia todo el tiempo evoluciona. De ello depende su adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos. En este sentido, es muy importante que los legisladores alcancemos consensos para perfeccionar el modelo democrático y así lograr que todos tengan una voz y que ésta sea escuchada.
Uno de las mayores avances del proceso de democratización de nuestro país en los últimos años ha sido la inclusión a nivel constitucional de figuras de democracia directa. Es el caso de las reformas de los artículos 26 y 35 de la Carta Magna, donde se regulan las formas, los mecanismos y los requisitos para que los ciudadanos participen de forma directa en temas de trascendencia nacional.
Sin embargo, no todo está sujeto a consulta, como queda claro en el propio artículo 35, donde se establecen los límites de la democracia directa: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.”
No todos los temas de la vida nacional son susceptibles de ser tratados por la vía de la democracia directa. Temas de especial importancia, como los derechos humanos o la materia electoral, quedan fuera del alcance de la participación ciudadana. Se entiende que son temas que pueden poner en riesgo la estabilidad nacional.
Ahora mismo, en la Cámara de Diputados se está discutiendo ampliar este catálogo de figuras de democracia directa, con la inclusión de la revocación de mandato; mecanismo que implica que los ciudadanos tengan la capacidad de dar por terminado el mandato conferido a un cargo de elección popular por una mala gestión o por no cumplir con el programa de gobierno.
Ampliar el catálogo de mecanismos de democracia directa es fundamental para enriquecer la vida pública de nuestro país. Sin embargo, esto se debe hacer con inteligencia y tomando en cuenta todas las variables implicadas.
La revocación de mandato puede ser un excelente medio para obligar a los gobernantes a realizar un buen trabajo. Pero, mal implementada, la revocación de mandato puede ser un incentivo para que los gobernantes no se atrevan a tomar las decisiones impopulares pero necesarias para el bienestar general, bajo el miedo de perder el cargo que ocupan.
La participación del pueblo en la toma de decisiones es fundamental, pero no se debe abusar de esta práctica de una forma equivocada, pues se corre el riesgo de debilitar, y no fortalecer, la democracia. Muchos regímenes autoritarios, bajo el amparo de una supuesta participación ciudadana, han desmantelado las instituciones democráticas, argumentando que de esa forma se acata lo mandado por los ciudadanos.
Los diputados federales tenemos la encomienda de perfeccionar nuestro modelo de vida pública, anteponiendo los valores democráticos y buscando siempre fortalecer nuestras instituciones públicas. Esto mismo debemos hacer al legislar la revocación de mandato. Lograr un mecanismo de rendición de cuentas efectivo, que reconozca la voz de los ciudadanos, pero que no ponga en riesgo bajo ningún motivo la estabilidad de nuestra nación.
Diputado federal por Querétaro
