La democracia implica responsabilidad. Responsabilidad de la ciudadanía que con su voto elige representantes, gobernantes y cumple con las obligaciones que la ley le confiere. Responsabilidad de representantes y gobernantes de actuar; de cumplir con el cargo y la función encomendada, de rendir cuentas.

Un gobierno que elude su responsabilidad vulnera los derechos de las y los gobernados. Un gobierno que desprecia la ley y normaliza la violencia se burla de la democracia —y de las y los ciudadanos.

Es claro que ni la violencia en entornos cotidianos ni la que es producto de la delincuencia organizada se gestó en un día.

Sin embargo, a tres años y medio de la llegada de este gobierno, el discurso de atender las causas suena hueco cuando lejos de disminuir, los homicidios —al igual que muchos otros delitos— se ubican en niveles históricos.

Tan sólo durante el mes de mayo se registraron los dos días más violentos del año y el segundo mayor del sexenio (112 homicidios el 1 y 118 el 24).

Vivimos una situación insostenible y nos hemos acostumbrado a ello. De acuerdo con el ranking 2021 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C que mide la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, las 8 ciudades más violentas del mundo están en México; más aún, 18 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en nuestro país.

Por supuesto que es un problema de décadas y que las causas se deben atacar, no hay forma de resolver la problemática de seguridad sin atacar la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que enfrenta una parte significativa de la población, sin embargo, no es suficiente.

Despreciar a las cifras y a los especialistas y negarse tajantemente a evaluar —no se diga a modificar— la estrategia de seguridad cuando cada semana nos enfrentamos a situaciones inverosímiles no es aceptable.

Hace unas semanas nos sorprendíamos por el “fusilamiento” de un grupo de personas en San José de Gracia, Michoacán, sólo para cambiar el foco a las pocas horas hacia ejecuciones en Zacatecas, a la persecución e intimidación de integrantes de la Guardia Nacional por parte de integrantes del crimen organizado en Michoacán o la detención de periodistas en un retén de hombres uniformados y armados durante la gira del presidente el fin de semana en Sinaloa.

Tras más de 118,000 homicidios dolosos y feminicidios registrados en el país en lo que va del sexenio no es posible que el presidente se jacte de “trabajar todos los días por la justicia”, que afirme que cree “que ningún gobierno dedica [tanto tiempo] al problema de la inseguridad y la violencia” como él; que “nunca se había visto que todos los días de 6 a 7 de la mañana” se reúna el presidente, el secretario de Defensa, de Marina y de Seguridad, que “nunca se había visto que se atendiera diariamente el problema de la violencia, de los asesinatos”.

Estas afirmaciones no sólo no nos alejan de la violencia, sino que evidencian complicidades. No puede no haber corrupción cuando los grupos criminales han tomado el control de regiones enteras del país, cuando atentan contra la vida, el trabajo, la libertad de expresión, de tránsito y de asociación de miles de personas todos los días.

Un gobierno democrático es un gobierno responsable, que responde a la ciudadanía con acciones. Hoy en México, tenemos un gobierno que responde, con sus datos y en las mañaneras.  
Twitter: @maeggleton

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