Reposición del ‘ombudsman’

Héctor Parra Rodríguez

El asunto de la elección del ombudsman se hizo añejo. Fue en febrero de 2012 cuando los integrantes de la anterior Legislatura eligieron a Miguel Nava Alvarado, después de un proceso álgido, lleno de sorpresas donde participaron 17 aspirantes. Ya es historia.

Sin embargo habría que recordar que el anterior ombudsman, Adolfo Ortega Osorio, promovió amparo y protección de la justicia federal. No prosperó. Así como la otra experiencia negativa que dejaron los ex diputados con el asunto del magistrado Eugenio Castellanos, a quien tuvieron que ratificarlos en el cargo debido al proceso viciado que aquellos implementaron. La autoridad federal ordenó la restitución en el cargo.

Y en el caso que ahora se vuelve a presentar, el de la reposición del procedimiento, ordenado por la Sala Unitaria en materia Constitucional, dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, es otro de tantos asuntos que dejaron mal elementados los anteriores legisladores, por eso se ordenó la reposición del procedimiento, juicio tramitado por el profesor César Pérez Guzmán.

Se ha vuelto añejo el asunto y al final nada cambiará. Escribí hace algunos meses que por el simple paso del tiempo, por tener más de 60 años se niegan derechos, como es el caso, de participar en un proceso electivo, sin importar si se tienen la capacidad y experiencia como lo es en el asunto de César Pérez Guzmán, quien participó en el juego “democrático” de elección; pero por la edad resultó ser un obstáculo, no se le permitió participar y de plano desecharon su solicitud, sin concederle el derecho de audiencia, tampoco motivaron legalmente su exclusión.

Por eso la Sala Constitucional ordenó desde enero pasado la reposición debiéndose observar con claridad el derecho de audiencia a favor de César Pérez. Lo interesante sería que determinaran que se trató de un acto discriminatorio derivado de la ley, aunque en realidad no vaya a remover a Miguel Nava.

Por supuesto que estoy de acuerdo en que la ley es discriminatoria por impedir a personas mayores de 60 años participar como aspirantes. Y también estoy de acuerdo con César Pérez, en cuanto a que vulneraron su garantía de audiencia, aquellos debieron escucharlo.

Que Miguel Nava impugnó la sentencia de Celia Maya, no así la legislatura; y que el asunto se complicó, es otro ingrediente. Total que la LVII Legislatura tendrá que entrarle a la reposición del asunto solo por cuanto ve al quejoso, solo para él. Los legisladores deben ceñirse al derecho y ser defensores y promotores de la no discriminación, hoy día principio consagrado en la Constitución. Además deben observar tratados internacionales suscritos por México que prohíben actos discriminatorios como el que fuera cometido en contra del impugnante. Después de todo, las cosas quedarán igual, pero quedará un importante precedente que evite discriminaciones.

 

Analista legislativo

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