Relevo en la CNDH

Lídice Rincón Gallardo

La defensa y promoción de los derechos humanos, en lo que se refiere al tratamiento de las violaciones que ocurren sobre la integridad de las personas, puede realizarse por dos rutas: la vía jurisdiccional y la no jurisdiccional. La primera se refiere a los actos de autoridad que determinan la existencia de un derecho violado y que exigen se responsabilice a la persona o instancia responsable, así como medidas de reparación y compensación para la víctima. La segunda –la vía no jurisdiccional– es la que ocurre a través de instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos y que no implica la obligatoriedad de la resolución a favor de las víctimas, sino sólo el señalamiento de la responsabilidad y la importancia de hacer modificaciones estructurales.

Ahora bien, cabría preguntar lo siguiente: ¿no es mejor castigar a quien viola los derechos humanos a esperar que se acaten de manera voluntaria lineamientos de mejora que no son vinculantes? La respuesta a esta pregunta es compleja. Por una parte, implica que aquellas violaciones a derechos humanos –como los secuestros o la tortura– que implican daños concretos sobre las personas, tendrían que ser perseguidas por una vía –la penal– que no sólo garantice la justicia sino la integridad de la víctima y las garantías de no repetición. Pero, por otra parte, la existencia de instancias no jurisdiccionales significa que la cultura de los derechos humanos se construye en el largo plazo, por la vía del cambio educativo, así como por el incremento de una sensibilidad ciudadana y de gobierno hacia los temas de derechos humanos. Por eso es que organismos como las Comisiones de Derechos Humanos, con sus Recomendaciones y su trabajo de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, son fundamentales en el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.

En el momento presente, el funcionamiento de estos organismos, tanto el nacional como los estatales, ha sido cuestionado por la sociedad civil. Se afirma que sus procesos no son suficientemente creativos para fomentar una cultura de los derechos humanos o que carecen de la fuerza moral sus titulares como para generar una corriente de opinión pública. En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluso se ha sugerido su alineación con los poderes constituidos y su falta de autonomía respecto de los poderes públicos. Por supuesto, no podemos negar la existencia de una expertise y un acervo de buenas prácticas generadas desde la CNDH o la existencia de investigaciones y Recomendaciones exitosas y que responden a los más altos estándares en la materia. Pero lo cierto es que la ciudadanía no observa a esta institución como un elemento eficaz y consistente en la construcción de una cultura de los derechos humanos. Lo cierto también es que muchos casos que la CNDH no resuelve de manera pronta o eficaz acaban siendo materia de instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos –pensemos en los casos de Rosendo Radilla o el así llamado Campo algodonero. Por eso es que tiene sentido, ahora que el Senado de la República tiene la posibilidad de revisar la actuación de su titular para decidir sobre un posible relevo, plantear algunas de las características que tiene que tener la personas titular –el Ombudsman– de la CNDH.

El Ombudsman tiene que ser independiente, con la suficiente fuerza moral y reconocimiento civil, como para cuestionar aquellos actos de autoridad que pueden implicar una violación a derechos humanos. Su independencia respecto de los poderes públicos o fácticos significa que no vacilará en señalar el mal donde lo encuentre, con independencia de las consecuencias que pueda traer para su prestigio o aprecio público. El Ombudsman debe actuar con la ley en la mano, pero también con la sensibilidad política suficiente para saber que es necesario crear sinergias con los poderes públicos para revertir aquellas prácticas rutinarias que constituyen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El Ombudsman debe atender de manea ágil y expedita los procedimientos de queja, tratando de darles salida por la vía ordinaria, y sólo volviendo Recomendaciones aquellos casos que pueden resultar paradigmáticos para la defensa y promoción de los derechos humanos. En este mismo sentido, el Ombudsman tiene que observar a las Recomendaciones como instrumentos integrales, que no sólo generan responsabilidades concretas para la autoridad y que deben subsanarse por la vía de la garantía de no repetición y la reparación del daño; esas mismas Recomendaciones también constituyen –si se las observa de manera amplia– fuentes de procesos educativos, de política educativa, de reforma legislativa y de sensibilización para la autoridad y la ciudadanía. Pero esto sólo será posible si el Ombudsman es producto efectivamente de un consenso legislativo y de un reconocimiento social acerca de su valor como árbitro moralmente imparcial y técnicamente capacitado, para señalar aquellas zonas del sistema democrático que se deben reformar para la garantía plena de los derechos.

El momento presente es coyuntural para el funcionamiento de la CNDH. Las y los senadores están en el punto de decidir si ratifican al actual Ombdusman o abren una convocatoria pública para evaluar perfiles de quienes pudieran ocupar esta posición y tengan las características que he señalado. Me parece –con todo el respeto y objetividad referidos al desempeño de la CNDH– que es momento de marcar una renovación del sentido de su trabajo y que esto implica evaluar, de manera conjunta con la ciudadanía, a la persona que podría cumplir las funciones de defensa y promoción de los derechos humanos con los más altos estándares normativos, pero también con toda la sensibilidad para tejer los acuerdos y las sinergias que redunden en la protección de las víctimas y el cese de la impunidad. Entonces –para decirlo con claridad– sí necesitamos un relevo en la CNDH, pero uno que nos de certeza y seguridad al conjunto de la ciudadanía.

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