En telecomunicaciones y relación con los medios de comunicación, la “transformación” prometida y anunciada no ha sido tal durante los primeros 21 meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque ha reducido el monto para publicidad oficial, en comparación con los anteriores tres sexenios, el presidente ha sido incapaz de mostrar la altura de un gobernante que garantiza condiciones de pluralidad en medios de comunicación y combate los excesos de un grupo de concesionarios.

Contra lo que esperaba un sector de sus 30 millones de votantes en 2018, López Obrador ha preferido aliarse a concesionarios y empresarios de medios con credibilidad en entredicho, como Ricardo Salinas Pliego; ha brindado decretos a modo que vulneran a un Estado democrático, y con el pretexto del ciclo escolar 2020-2021 en un contexto de pandemia, ha dispuesto entregarles 450 millones de pesos del erario.

En el rubro específico de publicidad oficial, el gobierno federal mantiene los márgenes de discrecionalidad y favoritismo en la entrega de esos recursos, sello que no lo hace diferente de las administraciones de Peña Nieto, Calderón o Fox, a pesar de la reducción del monto total que se ha destinado.

Vayamos a los principales pendientes u omisiones en relación al tema, ya que este martes comenzará el vigésimo segundo mes del sexenio.

En una de sus conferencias de prensa matutinas, el presidente anunció que en “apoyo” al inicio del ciclo escolar 2020-2021, los principales canales de televisión abierta con cobertura nacional recibirían 450 millones de pesos del erario. Para hacer posible que los contenidos de algunas asignaturas lleguen a la mayoría de los hogares del país.

Acompañados de los concesionarios de Televisa e Imagen Televisión, en Palacio Nacional, López Obrador y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, brindaron información y algunos pormenores.

Sin embargo, son una incógnita y pareciera están en reserva “las letras chiquitas” del acuerdo entre el Ejecutivo y los concesionarios para otorgar ese monto de recurso. Es decir, a cambio de qué se otorgaron esos 450 millones.

Segunda omisión: el decreto que redujo los tiempos fiscales en radio y televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En abril, el presidente anunció y firmó un decreto contra el derecho a la información y el Estado mismo, al reducir 7 minutos en televisión y 14 minutos a la radio, los tiempos fiscales que se pueden utilizar en cada uno de los medios de comunicación, para anuncios de partidos políticos, instituciones y los gobiernos.

Esta reducción beneficia a los concesionarios, no así a la sociedad ni al gobierno, pese a que existe una reglamentación de los tiempos fiscales en la Ley General de Comunicación Social. La decisión, unilateral, y el decreto oficial fueron un gesto y un regalo del presidente a los principales concesionarios agrupados en la CIRT.

Tercera omisión: incluir a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, en su consejo de asesores, además de no ponerle un alto públicamente en sus acciones en perjuicio de la salud pública durante la pandemia por Covid-19.

Aunque casi todos los nombramientos al frente de los medios públicos en este sexenio fueron un acierto, principalmente Gabriel Sosa Plata (Radio Educación) y Aleida Calleja (IMER), las decisiones y omisiones del presidente indirectamente perjudican la labor y trayectoria de estos personajes y académicos, cuando AMLO queda bien o favorece a los concesionarios.

Ojalá rectifique el camino y las acciones. Aún es tiempo.