Registro de partidos

José Antonio Crespo

Es más que probable que tengamos una nueva ley electoral antes de 2018. La de 2014 resultó engorrosa, pesada, confusa, y en su principal objetivo declarado —reducir la influencia de los gobernadores— fue un fracaso, como pudo palparse en varias entidades (como Chiapas, donde el Partido Verde ganó carro completo, con casillas zapato y todo, como en los buenos tiempos del PRI). Pero los partidos perdedores ponen énfasis en lo que consideran que fueron los principales huecos de la última elección, más que en las demandas o necesidades del electorado. Seguirán haciendo lo que les viene en gana, sabedores de que los ciudadanos, por más irritados que se muestren, los siguen legitimando en las urnas elección tras elección. Habrá pues, seguramente, muchos cambios en la legislación electoral, pero no necesariamente atendiendo al interés ciudadano, sino al de los propios partidos.

Algunos cambios que, a mi juicio, deberían introducirse con la reforma, tienen que ver con el registro de los partidos. Al menos dos experiencias de la pasada elección así lo sugieren: por un lado, el INE no quiso retirar el registro al Partido Verde (PVEM) pese a que, en la perspectiva de muchos, claramente incurrió en lo que la ley estipula como causal para la pérdida de ese registro. Sin embargo, la mayoría de los consejeros inventaron argumentos risibles para preservarle al Verde su registro, sea por línea (los postulados por el PRI), sea por temor frente al poder (detrás del Verde hay fuertes intereses políticos y económicos). Podrían agregarse dos temas: por un lado, especificar una sanción intermedia cuando se violente sistemáticamente la ley en un proceso electoral, antes de la pérdida de registro, como quitar de la contienda a ese partido y sus candidatos (algo que el magistrado electoral Constancio Carrasco ha propuesto). Si se repitiese la situación, entonces sí procedería la pérdida del registro. En todo caso, podría también especificarse algo más en la ley sobre cuál es el umbral para esa sanción (o hasta ahora, para la pérdida del registro), dado que al dejarlo al arbitrio de los consejeros (nombrados aún por cuotas de partido), tienden a prevalecer no consideraciones jurídicas, sino políticas. Por cierto, el Tribunal no ha dictado sentencia sobre ese punto. Podría regresar el caso al INE para que éste explique un poco mejor cuál es el umbral para la pérdida del registro (es decir, cuántas y cuáles tarjetas amarillas deben sacarse antes de mostrar la roja).

El otro punto es relativo a la milagrosa resurrección del Partido del Trabajo. El PT no alcanzó 3% de la votación exigido por ley. Pero tuvo la fortuna, primero, de que se anuló una elección distrital, de las 300 federales, y segundo, de contar con el favor del Tribunal Electoral —siempre tan complaciente con los partidos—, al permitirle integrar los votos de la elección extraordinaria en el Distrito I de Aguascalientes. El PT elevó mágicamente su votación en ese distrito, de 3 a 13% aproximadamente. Es que los hidrocálidos no se habían percatado hasta ese momento de las bondades del PT. Además, contó con la ayuda, directa o indirecta, de algunos de sus cómplices partidocráticos para alcanzar la votación necesaria. Una nueva burla de los partidos a los ciudadanos. De lo que se infiere que mientras haya posibilidad para un partido de competir en alguna elección extraordinaria para alcanzar la votación requerida por ley, podrá hacerlo con todo tipo de triquiñuelas e invirtiendo el dinero que haga falta (que es una magnífica inversión, pues ello le reportará ganancias millonarias). Debería entonces especificarse en la ley que el porcentaje requerido para preservar el registro se calcula en la elección ordinaria, y que por tanto no habrá posibilidad de “recomponerse” en una elección extraordinaria. Claro, todo esto en caso de que los partidos contemplaran las exigencias ciudadanas al respecto, pero como ello reporta riesgos y costos para los propios partidos, difícilmente legislarán en ese sentido. No son los electores el centro del sistema electoral; lo son los partidos.

Profesor del CIDE

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