Las dos reformas que tienen la prioridad del gobierno son la fiscal y la del sector energético. Esta última depende de muchas cosas, pero entre otras de la fiscal, pues para reducir la contribución de Pemex al ingreso público primero hay que asegurar que habrá ingresos suficientes.

Respecto a la fiscal, el gobierno en sus declaraciones ha puesto el énfasis en el impuesto sobre la renta de las grandes empresas. Se trata, de acuerdo con lo que han dicho, de que pague más quien gana más. También, que la consolidación fiscal es objeto de abusos y además que hay otros huecos en este impuesto que de corregirse aumentarían la recaudación.

Pero no han dicho nada sobre los impuestos indirectos, sabiendo que el IVA en medicinas y alimentos, que es la preferencia de la mayoría de técnicos contables, es impopular y puede ser políticamente costosa. Sin embargo, el Revolucionario Institucional ya acordó cambiar sus estatutos para aceptar este gravamen, así como la apertura del sector energético.

En cuanto al sector energético, el gobierno ha sido ambiguo, sobre todo al firmar en el Pacto por México que “la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos”, agregando que Pemex será una empresa propiedad del Estado. Sin embargo, en los anuncios hechos a la prensa y a grupos internacionales se menciona que Pemex se abrirá a coinversiones con empresas extranjeras.

Estas coinversiones no son nada del otro mundo, excepto que será difícil que para proyectos en México los socios de Pemex permitan que éste reciba la totalidad de la producción. De hecho, una motivación de operar en México es poder documentar las reservas a descubrir como propiedad de esas empresas.

Tampoco las grandes petroleras extranjeras aceptarán que se les pague en efectivo, cuando lo que buscan es tener parte de los descubrimientos. Desde luego sí es factible que empresas menores que se dedican a trabajar para las compañías grandes reciban sólo el pago por sus servicios, pero eso no “ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción… para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano”, como dice el Pacto por México.

Durante 2008 el gobierno mexicano intentó una apertura a la inversión privada, y al no ser posible se conformó con los contratos incentivados, que permiten pagos extras a las empresas privadas según sus logros. Eso animó a muchas pequeñas empresas, pero las grandes petroleras se sintieron decepcionadas.

Si lo que se quiere es triplicar la inversión en exploración y producción y mejorar la capacidad de ejecución, sin antes hacer cambios a fondo dentro de Pemex mismo, tienen que ser los extranjeros quienes tengan el control en los nuevos proyectos donde ponga su dinero. Para eso la única reforma posible es a la Constitución, pues ésta es bastante categórica en la prohibición de cualquier contrato de riesgo. Lo único que garantiza las inversiones que pueden ser cuantiosas de las grandes empresas extranjeras es la reforma constitucional y no sólo en las leyes secundarias. Las grandes empresas no vendrán sin estar legalmente cubiertas.

Hubiera sido mejor política y económicamente que primero se anunciara la reforma dentro de Pemex para hacer creíble que puede operar eficientemente y sin corrupción. Pero si eso ya no se intentó, lo único creíble sería una reforma constitucional para que lo hagan los extranjeros.

Y en lo fiscal hubiera sido mejor anteponer recortes a la estructura burocrática antes de hacer el derroche de nombramientos, muchos de ellos malos, y emplearse contra la corrupción que intentar el IVA en medicinas y alimentos. Y menos con ambigüedades.

Analista económico