Inicio con un acontecimiento: a principios de la semana que llega a su fin, en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se celebraron una serie de encuentros entre la comunidad universitaria y los 11 legisladores federales por nuestra entidad —sobre este punto, cabe hacer mención que no todos atendieron el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) y la máxima casa de estudios, pero eso es un tema que merece ser comentado aparte— lo sustancial de lo comentado, reside en que en uno de esos encuentros, se formuló la pregunta expresa a una diputada federal en torno al matrimonio igualitario, y la respuesta que obtuvo el moderador fue evasiva en tres ocasiones, argumentando que su opinión era irrelevante y que haría valer la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Sobre este acontecimiento, surgen y se reafirman algunas cuestiones, como:
1) Persiste renuencia en miembros del poder legislativo federal y también en el local, para modificar los arcaicos y desactualizados códigos que rigen nuestra vida civil.
2) Se confirma la suposición de que en la presente época, el cambio social ha sido impulsado por el poder judicial y no por el poder creador de leyes. De tal modo que, el legislador en abstracto, sigue incurriendo en omisiones legislativas, dado que la Corte ha sido enfática y clara en señalar sus criterios para proteger los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual.
Sin embargo, pese a toda la serie de jurisprudencias que se han emitido para declarar inconstitucionales las porciones normativas de los códigos civiles de distintos estados que, definen al matrimonio como “un contrato conformado por un solo hombre y una sola mujer, con la finalidad de procrear para la perpetuación de la especie”, pese a ello, algunos legisladores piensan u al menos eso expresan que, garantizar los derechos dependerá de lo que diga la mayoría.
Sobre la voluntad popular expresada en las urnas, habría que recordar a nuestros legisladores que los derechos no pueden ser sometidos ni a consulta ni a votación, incluso si la mayoría está en contra de proteger a las minorías o está de acuerdo en menoscabar o de plano anular el derecho que tiene una persona con una orientación distinta a la mayoritaria, es su deber velar por la formulación de leyes conforme al principio pro persona.
Pienso que es cuestión de tiempo para que se actualicen las leyes restrictivas de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, leyes punitivas de derechos sexuales y reproductivos, entre otras. Y que este episodio de negativa por considerar irrelevantes las opiniones de quienes pueden cambiar las leyes, sólo será recordado como un capítulo negro en la historia del oscurantismo legislativo.
