¿Quiénes son nuestros policías?

Carlos Lázaro Sánchez

El pasado mes de marzo la empresa Parametría publicó los resultados de su encuesta nacional de vivienda, en la que se señala que sólo dos de cada diez mexicanos confían en sus instituciones públicas de seguridad; dígase policías estatales, municipales y agentes de tránsito. Los cuerpos policiacos son los últimos evaluados y están por detrás de jueces y ministerios públicos.

Estos datos son el reflejo claro de la debilidad y de la falta de credibilidad de las instituciones de seguridad. Ante esta realidad la ciudadanía ha respondido de maneras diferentes. En algunos casos se ha organizado para formar policías civiles o para darse justicia por propia mano; los dos ejemplos son casos fuera de la ley pero su origen se da a causa de la ausencia del Estado. En otros casos, que son lamentablemente la mayoría, la ciudadanía queda a expensas de la delincuencia y el crimen.

Para el caso de Querétaro nos encontramos con que afortunadamente el tema de seguridad no es un foco rojo, pero si un tema que nos mantiene siempre en alerta preventiva. Es cierto que no padecemos de problemas derivados por la presencia del crimen organizado. También es cierto que no han emergido experiencias ciudadanas que pongan en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones de seguridad.

Sin embargo, durante los últimos dos años los cuerpos policiacos de los municipios y del estado han incurrido en acciones como presuntos culpables de delitos y violaciones a los derechos humanos. El municipio de San Juan del Río ha sido de las entidades en el estado que más padecen este tipo de acontecimientos que demerita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.

En lo que va de la presente administración que encabeza el priísta Fabián Pineda Morales, se han iniciado siete procedimientos en contra del municipio de San Juan del Río ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por abusos de autoridad o uso desmedido de la fuerza pública. Este municipio es el único en el estado donde se han presentado dos muertes a manos de representantes de su Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la última sucedida el pasado domingo primero de junio.

Paradójicamente el área de seguridad en el municipio de San Juan del Río ha logrado programar un presupuesto relevante. Tan sólo para este año, el municipio logró presupuestar 175 millones de pesos, más 10 millones gestionados vía el Subsidio de Seguridad para los Municipios (Subsemun). Son 185 millones de pesos que el municipio debiera estar utilizando para dotar de mejor infraestructura, equipo y capacitación a sus policías. Sin embargo, algo no se está haciendo bien y así lo demuestran las irregularidades, los actos en contra de los derechos humanos y las muertes a causa del uso de fuerza desmedida por parte de los policías municipales.

El Partido de la Revolución Democrática lleva en sus raíces la historia de la represión, el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza pública contra líderes sociales y movimientos populares. Es por ello que rechazamos cualquier tipo de abuso de autoridad y exhortamos a las autoridades de este municipio a que emprendan acciones que corrijan y prevengan este tipo de irregularidades.

En el PRD reconocemos que la mejor manera de ejercer la democracia y la justicia es en contextos donde se garantizan los derechos fundamentales para todas y todos.

 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD

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