Cuando pensamos en la discapacidad, visualizamos personas valientes, vigorosas, llenas de empuje civil, que han enfrentado las barreras estructurales y que cada vez más exigen la garantía universal de sus derechos. Ellas y ellos, a manera individual u organizadas, fueron quienes promovieron la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento vinculante del derecho internacional que nuestro país ratificó hace ya siete años –en 2008–, y que articula el así llamado modelo social de la discapacidad. Este modelo observa a la discapacidad como una condición personal que no significa por ella misma ventajas o desventajas y, más bien, señala que es el entorno el que vuelve a esta característica desfavorable para el acceso a ciertos derechos u oportunidades. Así, la transición del modelo asistencialista a uno de tipo social para la atención de la discapacidad implica observar a la persona como un ser autónomo y libre, cuyo acceso a los derechos y oportunidades sin discriminación redundará en la elevación de su calidad de vida.

Una persona con discapacidad física, por ejemplo quien utiliza silla de ruedas o apoyos para caminar, se ve limitada no por sus discapacidades sino por un entorno que no cuenta con rampas para acceder a las escuelas o los espacios laborales o por la falta de elevadores o accesos mecánicos para poder utilizar el transporte público. De esta forma, lo que reivindica la Convención de Naciones Unidas es la existencia de un medio que debe volverse accesible y modificarse para que las personas con discapacidad se puedan desplazar y acceder a todos los espacios literales y simbólicos sin discriminación. Evidentemente, la no discriminación hacia estas personas no se reduce a la existencia de rampas y accesos especiales –sino que también deben volverse de acceso sencillo otros derechos, como los políticos, los sociales, los culturales o los ambientales–, pero sí es fundamental que se garantice para ellas lo que se ha dado en llamar el derecho a la movilidad.

El derecho a la movilidad implica la existencia de condiciones para que las personas puedan transitar y desplazarse de manera libre por sus entornos y, también, en los espacios que ellas decidan visitar. Significa, además, que sus desplazamientos sean seguros, libres de violencia, sin discriminación, que no se arriesgue su integridad cuando acceden al transporte público o a las vialidades primarias y secundarias u otros espacios que requieren de vehículos. Pero el derecho la movilidad, en el momento presente, no está garantizado para todos y todas por igual en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ellas siguen experimentando el acoso sexual cuando tienen que utilizar el transporte público; las personas mayores todavía tienen que enfrentarse a geografías adversas cuando van a realizar trámites en oficinas de gobierno poco sensibles a sus necesidades; o las personas de la diversidad sexual sufren agresiones e insultos cuando transitan por zonas del país con ideologías conservadoras. Y, por supuesto, el derecho a la movilidad no es de acceso sencillo para las personas con discapacidad.

No existen rampas ni accesos adaptados para quienes tienen que usar apoyos para desplazarse, tampoco señalamientos en Braille, canalización para bastones de uso por personas ciegas o marcas auditivas o visuales en los crucen peatonales que transitan las personas necesitadas de este tipo de recursos. Es nuestro reto, por tanto, reestructurar las ciudades y espacios sociales de tal manera que el derecho a la movilidad se vea garantizado para todas las personas con discapacidad.

En el municipio de Querétaro hemos avanzado de manera considerable en materia de accesibilidad; estamos implementando medidas para que cualquier espacio arquitectónico, sea pensado para no dificultar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad; las plazas públicas que han sido remodeladas como el Jardín Guerrero, Plaza Fundadores, la Alameda, entre otras, ya cuentan con el ciento por ciento de accesibilidad; todas y todos podemos disfrutar de manera segura de esos espacios.

Además, estamos haciendo cambios estructurales para garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, de acuerdo con los más altos estándares para la accesibilidad y la creación de espacios seguros y libres de discriminación. De hecho, esta semana, el Cabildo aprobó por unanimidad los lineamientos para la expedición y uso del tarjetón de Estacionamiento reservado para el Municipio de Querétaro, que permita a las personas con discapacidad identificarse y usar los espacios de estacionamiento públicos. Esto significa resolver una deuda de justicia histórica hacia estas personas, y también darles un estatus ciudadano que las visibiliza como portadoras de derechos, entre ellos de manera privilegiada el de la movilidad.