El vendaval mediático y político que ha generado la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora debe ser una oportunidad para que pensemos en la Suprema Corte que el país necesita, en la forma en la que son nombrados sus integrantes y en general en el papel de los jueces en un país como México, en el que nos urge tener instituciones sólidas que hagan realidad al Estado de derecho.

La complejidad de los temas que se atienden en la Corte requieren de expertos en materia constitucional, que tengan un fuerte sentido de su autonomía y su independencia.

Para lograr una adecuada integración de la Corte es importante que quienes intervienen en los nombramientos de ministros lo hagan con sentido de Estado. El Presidente al proponer la terna al Senado y los senadores al elegir entre las personas propuestas deben hacer su trabajo con responsabilidad. El método de enviar al Senado una terna es bastante extraño y debería ser modificado. Lo ideal sería presentar una única candidatura para que hubiera un análisis muy completo de los méritos y conocimientos de la persona propuesta, tal como sucede en EU y en la mayor parte de países europeos.

La Suprema Corte debe cuidarse para beneficio e interés de todos. Su trabajo como guardián de la Constitución es esencial en la arquitectura democrática del Estado mexicano. La Corte fija los lineamientos principales de la interpretación jurídica para el resto de los jueces del Estado mexicano, tanto para los jueces federales como para los de las entidades federativas.

Desde 1994 ha ido construyendo una jurisprudencia en temas tan relevantes, aunque es posible observar que hay temas que siguen estando pendientes en la agenda judicial de la Corte, sentencias que pudieron ser dictadas de mejor manera, enfoques en los que habría que haber sido más cuidadosos y hasta cuestiones en las que deberían haberse dado más prisa los Ministros. Todo eso es cierto, pero no cabe duda que el desempeño de la Corte ha estado muy por encima de la mediocridad que hemos observado en los demás poderes de la Unión e incluso muy por encima de lo que la propia Corte había hecho en décadas anteriores. Por eso es que ahora el compromiso debe ser para cuidar lo que se ha logrado y para procurar que se siga avanzando en los temas más relevantes que siguen estando pendientes. Ojalá nadie se olvide de ese gran compromiso.

Investigador del IIJ-UNAM. www.centrocarbonell.mx