Todas las decisiones son un balance de riesgos y beneficios. El regreso a clases presenciales no es la excepción, pero es una decisión compleja debido a la pandemia.
No existe un dilema entre la vida y la educación presencial. Ese planteamiento es falso, pues otros países nos han enseñado que es seguro volver a las aulas siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias. En contraste, si esta decisión se toma sin planeación y sin recursos, podría acarrear consecuencias terribles para las familias y el país.
Además de ser analista de políticas públicas, soy mamá de niños en edad escolar y por eso creo que hay tres condiciones básicas que se deben considerar para el regreso a clases:
1. Garantía de que el regreso será seguro a través de protocolos efectivos y eficientes.
2. Capacitación a maestros, pues los próximos años se enfrentarán a uno de los mayores desafíos de su carrera profesional.
3. Definir cómo afianzar los conocimientos prioritarios para minimizar el rezago académico, que el Banco Mundial estima de dos años escolares para los mexicanos.
El reto es tan grande que no puede depender sólo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los estados, al tener un ámbito de acción más acotado, pueden contribuir a identificar las necesidades en su territorio y complementar con acciones para lograr un regreso exitoso.
De acuerdo con las cifras más recientes de la SEP, en Querétaro hay 4 mil 330 escuelas de todos los niveles educativos, de las cuales el 72% son públicas y el resto privadas. Éstas concentran a más de 35 mil docentes y alrededor de 690 mil alumnos.
Aunque la SEP anunció que Querétaro retomará clases el próximo ciclo escolar, el lunes comenzó el Programa Especial para el Regreso a Clases por medio del cual las escuelas registradas pueden retomar actividades presenciales en este ciclo para ofrecer apoyo. Además, creó un subcomité para la reapertura en el que participan las secretarías estatales de Educación y Salud.
Esto es un buen primer paso, pero ¿qué más pueden hacer las autoridades locales?
Primero, ser más transparentes y claras con respecto a las decisiones educativas, por ejemplo, con un apartado en el portal del gobierno estatal que concentre la información relevante y sea amigable para cualquier ciudadano. Segundo, levantar y publicar un censo de las escuelas para dimensionar su situación e identificar aquellas que requieran mayor presupuesto para subsanar carencias. Tercero, cuantificar el número de escuelas que participan en el programa especial y detectar historias de éxito que le permitan al subcomité mejorar, con base en experiencias, los lineamientos y protocolos escolares.
Como ha documentado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la crisis educativa que hoy se vive en el país podría marcar el futuro profesional de los estudiantes. La buena noticia es que Querétaro está por iniciar una nueva administración comprometida con la educación de calidad. En ese sentido, los ciudadanos estamos listos para ver acciones concretas que continúen y mejoren los esfuerzos que se han hecho para minimizar el daño de este choque.
@Fatima_Masse
Directora de Sociedad Incluyente del @IMCOmx.
