¿Qué pasó en Huimilpan el 7 de junio?

Héctor Parra Rodríguez

El día de la jornada electoral de ese día transcurrió con toda normalidad, según dijeron en un sondeo realizado. No hubo problemas de acuerdo a sus pobladores. Sin embargo días después de haberse realizado el cómputo municipal, resulta que hubo problemas tan graves que llevaron a la anulación de la elección municipal. ¿Qué pasó entonces?

El PAN, partido perdedor en esa localidad municipal, impugnó la elección ganada por el Partido Nueva Alianza, quien superó por poco más de 500 votos al partido en el poder en aquel municipio, al PAN.

El representante del partido perdedor presentó diversas pruebas documentales certificadas ante notario público, sustentadas en dichos de vecinos del municipio de Huimilpan —en su momento electores—. Según las distintas versiones “levantadas” en presencia de notario público, hubo amenazas de “individuos” que portaban armas, intimidaciones para que votaran por el candidato de Nueva Alianza, por Juan Guzmán.

Sendos documentos públicos soportaron la impugnación, de tal suerte que el TEEQ no tuvo más remedio que declarar la nulidad de esa elección municipal. Rebasó en mucho el porcentaje del 20% que establece la Ley Electoral como causa de nulidad. ¿Cómo dudar de documentos levantados ante notario público?

El Partido Nueva Alianza impugnó la sentencia del TEEQ. Por tal motivo, la Sala Regional de Monterrey del TEPJF resolvió lo mismo; las documentales públicas hicieron prueba plena. Como consecuencia de la nulidad, el Consejo General del IEEQ convocó a nuevas elecciones que se realizarán el próximo 6 de diciembre.

A 5 meses de distancia, varios de aquellos testigos que firmaron ante notario público hoy afirman que nada de lo que se asentó en las actas es cierto; que no las —fueron mujeres— intimidaron ni las amenazaron el día de la elección, y fue precisamente el “candidato” del PAN, Juan Pablo Heinze, quien les dijo que firmaran las actas cuyo contenido no leyeron. ¿Todo fue entonces un montaje para arrebatarle el triunfo a NA?

Las testigos aseguraron que ahora se desdicen en razón a que fueron llamadas por la Fepade para que declaren en la ciudad de México y ese no fue el trato que hicieron con el “candidato” del PAN; les dijeron que nada pasaría. Ahora temen y no quieren ir a México a declarar sobre hechos que no fueron ciertos; además nunca hubo un notario presente al momento de la firma, según trascendió en medios electrónicos.

María Micaela Rojas y Guadalupe Cabeza, son dos de las testigos de aquello que dicen nunca sucedió. Una de ellas incluso afirmó que su esposo dio 60 mil pesos para la campaña del “candidato” del PAN y prefieren perder ese dinero antes que involucrarse en problemas, que no apoyarán las mentiras del “candidato” del PAN.

Estas declaraciones vienen a complicar más los problemas en la elección del ayuntamiento de Huimilpan, en donde incluso ya patrulla personal del Ejército mexicano. ¿Una elección constitucional anulada con pruebas falsas y con mentiras? ¿O acaso sí fueron ciertos todos los hechos que motivan la nulidad de la elección?

El proceso electivo corre legalmente en cumplimiento a dos sentencias. Los perdedores han hecho hasta la imposible para que no participe a quien le anularon la elección: Juan Guzmán. De tal suerte que no procedió la alianza lectoral de tres partidos para que apoyaran su candidatura. El PRI irá entonces con candidata distinta y el PAN con el mismo “candidato”, ahora compartiendo con el PRD la misma fórmula por indicaciones de ambos Comités Ejecutivos Nacionales. Pero, ¿entonces qué pasará con las partes que —al parecer— provocaron una nulidad inexistente con pruebas falsas —ahora están frente a problemas penales inminentes? ¿Quién dice la verdad? ¿Acaso vale la pena el municipio de Huimilpan para haber inventado semejante atrocidad antidemocrática? ¿Se iniciarán carpetas de investigación —averiguaciones previas— por este penoso asunto y en contra de quiénes?

Vaya que el asunto se complicó aún más para la justicia electoral, así como para la procuración de justicia en materia penal; y es que ahora resulta que pueden ser fácilmente engañados los órganos electorales para dar o quitar triunfos en las urnas. Claro que todo podría quedar ahí sin mayor trascendencia, dado que hoy día existe un “empate técnico” entre las parte principales en conflicto; hay graves acusaciones mutuas.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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