La aprobación del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, concretada en diciembre 2022 vía el Congreso de la Unión, trae consigo un reto para gobiernos, instituciones que destinan recursos del erario para publicidad oficial, servidores públicos, integrantes de la clase política y la mayoría de los medios de comunicación: cumplir el contenido del artículo 26 —reformado— de la Ley General de Comunicación Social.
El paquete de reformas jurídicas implicó que a partir de 2023, existe un tope presupuestal para gasto en publicidad oficial: 0.1% del Presupuesto de Egresos respectivo autorizado, de acuerdo con los cambios y lo publicado Arturo Rodríguez García en la edición 2,411 de “Proceso” (con fecha de 15 de enero 2023).
Por cada mil pesos autorizados para erogar durante el año, máximo podrán gastar un peso en publicidad a medios de comunicación. Otra analogía: para poder gastar 10 millones de pesos en publicidad oficial a distintos medios, por parte de un nivel de gobierno o institución, implica que su presupuesto autorizado anual es de mínimo, 10 mil millones de pesos. De lo contrario, estaría violentando la ley.
¿Qué van hacer los gobiernos federal, estatales y municipales, así como sus áreas jurídicas? ¿Van a procurar respetar la ley? ¿O buscarán vacíos legales para ‘darle la vuelta’ y mantener el despilfarro de recursos públicos en esa área? ¿O acaso ya están armando una estrategia jurídica para ampararse o interponer algún recurso legal de manera que no los obligue a cumplir la ley? ¿O acaso reportarán el gasto como si fuera de otro rubro o área, aunque al final termine en los bolsillos de medios de comunicación o sus propietarios?
Lo último implicaría un mensaje de nulo compromiso con la austeridad y de simular cumplir la ley. En pocas palabras: un pésimo mensaje a la población.
Tres puntos para análisis: el límite o tope para gastos en publicidad oficial era una exigencia o petición con años de antigüedad. Considero que el tope aprobado fue una sorpresa (muchos no esperábamos uno tan bajo), situación que va a traer inconformidad en relación prensa-poder en estados y municipios.
Por supuesto que la reforma legal de reducir el gasto (despilfarro) en publicidad oficial es una acción que contribuye en el proceso de democratización. Porque obligaría a los medios a diversificar sus ingresos publicitarios, romper el amasiato y relación cómplice con políticos y gobiernos, pero sobre todo, apostar a fortalecer relación con sus audiencias.
Segundo punto: ¿integrantes de las bancadas de Morena, PT y PVEM conocían o mínimo visualizaron las implicaciones que traerá el tope presupuestal de 0.1% para publicidad oficial? En el caso de Morena, si se toma en cuenta que tiene legisladores que también han sido o son propietarios de medios (Cantón, Ignacio Mier, entre otros), surgen más dudas. Porque la reforma “asfixia” a un grupo de medios, como tituló Proceso.
¿Por qué no incluyeron criterios que señalen con claridad la asignación y la “distribución” del gasto en publicidad oficial? Faltaron elementos de mucha relevancia en la Ley General de Comunicación Social. Sí se reformó, pero no lo suficiente.
Tercer punto: ¿qué van a hacer la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), medios afiliados a ella y comunicadores que durante años gozaron de los recursos vía publicidad oficial en sus medios? ¿Van armar un “frente”? ¿Se quejarán en una conferencia de prensa de Palacio Nacional? ¿O considerarán más y respetarán a sus audiencias? Mientras, que empiece #PublicidadOficialChallenge. Las audiencias estaremos al pendiente.
Periodista y profesor de la UAQ
