La democracia pasa forzosamente por los medios de comunicación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un desafío en el corto plazo, que incidirá directamente en la ciudadanía: avalar o abrir vía para cambiar fragmentos de la Ley General de Comunicación Social, en lo referente a publicidad oficial, que es todo aquel recurso PÚBLICO que termina en medios de comunicación, a través de convenios, acuerdos o asignación de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal o municipal), y que por tratarse de dinero de las ciudadanas y los ciudadanos, deberíamos exigir transparencia y claridad en su uso.

La Primera Sala de la máxima institución e instancia del Poder Judicial en el país enfrenta una oportunidad histórica frente a la sociedad y la cacareada “transformación”, cuando analice el amparo 308/2020 contra la Ley General de Comunicación Social.

En manos y voces de las ministras y los ministros estará impedir que los criterios de asignación de la publicidad oficial correspondan a la Secretaría de Gobernación. La Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso de la Unión “al calor” de las campañas electorales de 2018, no cumplió ni respondió todas las peticiones y los trabajos de colectivos, académicos, organizaciones y especialistas en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derechos de las audiencias.

Legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM, principalmente, hicieron “oídos sordos” a la hora de la votación de la iniciativa. La Ley fue publicada el 11 de mayo de 2018, a meses de terminar el sexenio priista.

Artículo 19, a través de su oficina para México y Centroamérica, emitió un comunicado que alerta sobre la posibilidad de “arbitrariedad y la opacidad en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos, la censura sutil (…) perpetuando violaciones y retrocesos a una serie de derechos”, en caso de que avance el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone la constitucionalidad.

De acuerdo con el seguimiento y los datos que se tienen sobre el despilfarro, no gasto, en publicidad oficial en anteriores sexenios —y que en estados del país como Querétaro se replica la práctica perjudicial, con PAN o PRI—, durante el sexenio de Peña Nieto se le otorgaron 61 mil millones de pesos (mdp).

La reducción del gasto en este rubro que ha hecho el gobierno de López Obrador (se han ejercido 2 mil 700 mdp en los dos primeros años), pero todavía no es suficiente para resolver la problemática.

Urgen “criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial”, de manera que eviten la discrecionalidad, los favoritismos y la carencia de un tope o elementos que sin eliminar por completo el gasto, proporcionen democratización en su asignación.

El hartazgo y la indignación por el despilfarro en publicidad oficial fue un factor para construir el resultado de la histórica votación el 1 de julio de 2018. Decenas de ciudadanos y ciudadanas reflejaron su decepción y opinión contra no solo la oligarquía partidista y las élites del poder en México, sino contra medios de comunicación, directores, periodistas y locutores cercanos al poder.

Es momento que la Corte, con mayúscula, sepa estar a la altura del momento y la historia del país. Que las y los integrantes de la Primera Sala no avalen la constitucionalidad de la Ley, para impedir que persistan “violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos en este rubro”. La academia y la ciudadanía estaremos al pendiente de ello.