Olvidar a Jacobo Zabludovsky sería tanto como negarme a mí mismo, crecimos juntos, él dentro de la pantalla, yo frente a ella ¿Qué coincidencia tuvimos? Bueno, “compartimos” la vida un tiempo sin conocernos. En los 70, él era la estrella noticiosa de Televisa, sus opiniones y críticas eran indiscutibles y cuando queríamos ganar una discrepancia simplemente decíamos “lo dijo Jacobo”, y ahí terminaba la discusión.

Su programa “24 horas” era monopólico, tenía el control de la noticia y la atención incondicional de las audiencias. Su línea editorial era oficialista y abiertamente parcial hacia el gobierno en turno, nada lo conmovía, lograba premios para su empresa y beneficios para su persona,  así pasó a la historia como el primer manipulador de las conciencias en nuestro país.

Después vino un desfile de admiradores del poder sin importar el signo o colores “partidistas”. Se crearon “líderes de opinión”, grisáceos pero con foros respetables, estos, olvidaron un principio básico;  “el periodista es cronista, no protagonista”. Se conformaron por competir en una adulación grotesca hacia los gobernantes del momento.

Así tenemos al español Joaquín López Dóriga, encuestador “espontáneo” a través de twitter, quién logró  “apuntalar” durante todo el proceso electoral al candidato del PRI como líder indiscutible sin que nadie le creyera. A José “pepe” Cárdenas, enemigo probado de la oposición junto a sus colaboradores Francisco Martín Moreno, Jorge Castañeda y Diego Fernández De Cevallos, personajes del odio y la amargura. A un triste Ricardo Alemán que “sutilmente” sugería el asesinato del candidato de la coalición “Juntos haremos historia”. Y a un sinnúmero de personajes que el pueblo identifica como burdos “chayoteros”, por recibir dinero de distintos gobiernos para mentir y distorsionar noticias, siempre en beneficio de sus contratantes.

La publicidad oficial tiene una justificación pues se funda en el derecho de la ciudadanía a estar informados y conocer los trabajos de sus gobernantes, y estos, tienen la obligación de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades, pero ello se debe sustentar bajo los criterios de claridad, objetividad, y equidad sin discriminación alguna.

Recordamos a José López Portillo cuando les decía a los medios “no pago para que me peguen” abrogándose un derecho personal por encima de las instituciones y condicionando la información por medio de actos impositivos. La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que quiera, sino que también puede gastar sin mayores restricciones, de esa manera tiene un control absoluto de la información.

Con fuentes del  mismo gobierno de la República, Fundar, un centro de análisis para la transparencia reveló que el presidente Enrique Peña Nieto gastó, entre 2013 y 2017, cuarenta mil millones de pesos en publicidad oficial. Este ominoso monto superó en más del 200% los presupuestos de medios autorizados por un dócil y permisivo congreso.

Los gobernadores, en sus ámbitos de poder, hicieron exactamente lo mismo.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido de manera enfática que en su gobierno se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno federal y que se democratizará su entrega a todos los medios de manera puntual y justa.

“¿Tiene algo de que arrepentirse en estos 70 años como periodista?” le preguntaron a Jacobo Zabludobsky. “¡Pues la verdad es que no tengo así un motivo muy grave de arrepentimiento…!”