Publicidad oficial en el Ejecutivo

Julio César Sánchez

En noviembre pasado, Locallis, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), Fundar (Centro de Análisis e Investigación) y Artículo 19 presentaron el Diagnóstico sobre Acceso al gasto en publicidad oficial en los municipios de Querétaro, cuyo desarrollo lo hizo quien esto escribe, constituyendo un ejercicio inédito sobre el tema de la publicidad gubernamental a nivel de gobiernos locales.

La investigación comprobó que la información sobre el gasto público destinado a la contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación no es fácilmente accesible para el ciudadano; confirmó la inexistencia de criterios y lineamientos para regular la asignación de la pauta publicitaria oficial; en cuanto al gasto en cifras, la investigación arrojó: 68 millones de pesos en 12 municipios (la capital concentró 78.5%) y descubrió un sobreeejercicio como práctica común entre los municipios, además de resultar Arroyo Seco, Querétaro y Corregidora como los de mayor gasto per cápita. Los resultados del estudio permiten afirmar que el tema amerita atención desde el plano del ejercicio periodístico, normativo y del derecho de acceso a la información.

Por otra parte, existe el antecedente realizado por Fundar y Article 19 sobre el gasto en publicidad oficial en las entidades federativas. Aquí, la investigación se centró en los gobiernos estatales y se dividía en dos dimensiones: el acceso al gasto en publicidad oficial y la cantidad de gasto.

¿Cuáles fueron los resultados para Querétaro? En cuanto al índice de acceso al gasto en publicidad oficial, la calificación máxima que se podía otorgar a un estado era de cinco estrellas, de las cuales, Querétaro no obtuvo una sola. La calificación dependía de la calidad de la respuesta otorgada a una solicitud de información, lo que significa que el actual Poder Ejecutivo de Querétaro ni siquiera otorgó información sobre su gasto en publicidad oficial (gasto anual ejercido de 2005 a 2010, por tipo de medio de comunicación, proveedores y concepto o campaña de difusión).

Es decir, el gobierno estatal no proporcionó información en relación con su gasto en comunicación social que permitiera saber cuánto se pagó, a quién o a qué medios, en qué campaña y para qué finalidad ni en qué año. Querétaro fue uno de los 11 estados que obtuvieron la calificación más baja posible por su nivel de opacidad en cuanto a su gasto en publicidad oficial.

En consecuencia, al no proporcionar información el gobierno del estado, Querétaro no se incluyó en la segunda parte de la investigación, correspondiente a la cantidad de gasto en comunicación social, por lo que, hasta la fecha, no podemos conocer los recursos destinados a la publicidad gubernamental, el gasto per cápita ni la variación porcentual del gasto ejercido a través de los años.

El tema de la publicidad se complica aún más si consideramos que toca intereses tanto de gobiernos como de medios de comunicación. Curiosamente, en el caso de la investigación aplicada a los municipios queretanos, El Universal Querétaro y un par de medios locales más fueron los únicos en publicar notas al respecto.

En su último número, el semanario de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro (Tribuna) informó que, después de cuatro meses, la CEIG resolvió que el Ejecutivo debe entregar copias de facturas, contratos y convenios realizados para comprobar el gasto en publicidad en un plazo no mayor a 10 días hábiles, por lo que declaró infundada la negativa del Ejecutivo en el contexto de dos recursos de revisión y después de 25 solicitudes de información sobre el tema que tuvieron respuesta negativa.

Considero que, desafortunadamente, el sentido de la resolución no es garantía – aunque debería serlo – de que el gobierno estatal entregue la información. Habrá que ver si el Ejecutivo respeta la resolución del órgano garante y de hacerlo, estar al pendiente de la manera en la que cumple.

Politólogo

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