05 / agosto / 2021 | 06:33 hrs.

Prostitución y derechos humanos

Lídice Rincón Gallardo

Hay realidades que –por conflictivas y generadoras de desacuerdos morales– elegimos no mirar; o, cuando las observamos, lo hacemos desde el más profundo desconocimiento, para satanizar y condenar aquello que no entendemos. Es lo que ocurre con el fenómeno de la prostitución de hombres y mujeres, actividad que gradualmente ha ido creciendo en el número de quienes la ejercen, pero que aun así no ha sido suficientemente visibilizada en las agendas públicas. En efecto, como ocurre con todos los temas sociales que generan una polarización de la opinión pública, acaso lo más conveniente sea enfocarlos desde una perspectiva de derechos humanos para generar soluciones incluyentes.

Si bien la prostitución no es una actividad comercial reconocida como lícita en ningún marco normativo nacional, tampoco se le ha penalizado. Es posible dar un enfoque novedoso al problema desde la perspectiva de los derechos humanos y no discriminación. Para esto, apuntaré tres claves que permitirían un tratamiento de este tipo al tema, y así poder afirmar que el Estado cumple con su tarea de garantizar plenamente los derechos de las personas que ejercen la prostitución.

En primer lugar, habría que deslindar a la prostitución de aquellas conductas identificadas como delitos en nuestro marco normativo. Muchas personas son forzadas a ejercer estas prácticas en contra de su voluntad, y a este delito se lo denomina explotación sexual. Tampoco es lícito inducir a niños y niñas a ofertar públicamente sus cuerpos, como señalan los códigos penales que castigan el abuso infantil. Mucho menos es legal establecer redes criminales para la trata de personas, haciéndolas circular por distintos territorios como mercancías sin más valor que la ganancia que pueden procurar para un tercero. Todas estas son conductas criminales asociadas con la prostitución, que deben ser perseguidas por la autoridad pertinente sin excusas.

En segundo lugar, tenemos que generar alternativas de vida para aquellas personas que desean abandonar la prostitución. Generalmente, pensamos que éste se genera por un acuerdo comercial justo y voluntario en el que una persona intercambia el uso de su cuerpo por una remuneración proporcional. Sin embargo, esto es falso. No podemos equiparar la venta o el disfrute de un cuerpo humano al comercio de bienes materiales comunes. La razón es simple: no existe un monto de dinero que sea capaz de compensar a una persona por la discriminación acumulada sobre ella y su círculo inmediato.

Porque la prostitución es una práctica estigmatizada, y en esta discriminación socialmente aceptada es que se asientan muchas de las conductas violentas de las que son depositarios quienes la ejercen. Existen extorsiones, actos violentos o, incluso, crímenes que ocurren a las personas que ejercen la prostitución y que buena parte de la opinión pública y los medios de comunicación consideran como merecidos.

En tercer lugar, está el tema de la negociación de los espacios donde se ejerce la prostitución. No es fácil aceptar que los corredores sexuales existen y que en estos coexisten las personas que ejercen la prostitución y las familias comunes y corrientes, que anhelan vivir en espacios pacíficos y seguros. Si bien no se pueden instaurar espacios legales para el ejercicio de la prostitución, si se debe garantizar seguridad para quienes la ejercen y para quienes comparten estos espacios públicos.

Finalmente, habría que decir que nuestro país tiene que aprender de las experiencias internacionales para el tratamiento de la prostitución desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación. Esto nos permitirá observar a quienes la ejercen como seres humanos como nosotros, y no como cuerpos que se ofertan públicamente. Ellas y ellos son víctimas de la discriminación, la violencia y la inseguridad. Quizá, antes de discutir si queremos legalizar, penalizar o abolir la prostitución, tenemos que generar la seguridad humana en el caso de quienes la ejercen, así como la suficiente apertura democrática en autoridades, vecinas y vecinos para generar un diálogo democrático, que produzca soluciones benéficas para todos y todas.

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