El Presidente de la República seguirá privilegiando la política sobre el Estado de Derecho. Para él, es fundamental continuar combatiendo a sus enemigos políticos, aunque quebrante cualquier ley que estorbe a sus intereses político-electorales. Arrecia su campaña con el asunto de Emilio Lozoya Austin, un tema con implicaciones de naturaleza penal, lo sube al escenario de la política, incluso invadiendo la esfera competencial del Fiscal General, a quien se le adelanta y da a conocer detalles de las investigaciones que deben guardar reserva, violando derechos humanos de aquellos que supone están relacionados con algunos delitos, como el de la “corrupción” (entonces no existía el delito de corrupción), por lo tanto no existe en el mundo jurídico.

Alejandro Gertz Manero, quien había guardado discreción en la investigación, terminó por subirse a la escena de combate. Por medio de conferencia de prensa da algunos detalles de la investigación cuyo origen data del 2012, sobre el caso Odebrecht. Asunto que fue resuelto por la justicia federal en noviembre de 2018, concluido por prescripción. De ese tema se desprendieron otros más, al parecer, también de naturaleza penal, relacionados con enemigos políticos. Atractivo el asunto para el Presidente de la República, en temas en los que no tiene competencia legal alguna. Su gobierno no ha presentado denuncia de ninguna naturaleza (como se lo exigió Felipe Calderón) para tener acceso como parte acusadora. Nada hasta ahora. Todo depende de la confesión y acusación de Lozoya, de las pruebas legales que aporte, quien por supuesto no es inocente al pretender justificar que él solo obedeció órdenes superiores.

Las violaciones por el manejo mediático del tema que exige reserva, se encuentra bajo competencia del Ministerio Público, para la integración de la carpeta de investigación. Quebrantan derechos humanos de aquellos a quienes se les relaciona como probables imputados, luego involucrándolos como posibles testigos; abusan de sus atribuciones. Las normas que incumplen López Obrador y Gertz Manero, van desde la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las Leyes Orgánicas de la Administración Pública y de la Fiscalía General, así como la Ley General de Transparencia; ninguna de ellas los faculta como autoridades a desvelar datos de las carpetas de investigación. Utilizan las mismas tácticas en las conductas ilícitas que dicen combatir, en la desesperación por desprestigiar al enemigo: “violan el Estado de Derecho”.

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