Hace apenas mes y medio, el 27 de mayo, los gobernadores priístas del país, comandados por el mexiquense Alfredo del Mazo y bajo la directriz trazada por el expresidente Enrique Peña Nieto, determinaron apoyar a Alejandro Moreno Cárdenas hacia la nueva dirigencia nacional del PRI, como una señal de mansedumbre hacia el gobierno López Obrador y tras presionar el botón de pánico ante las órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del presidente de AHMSA, Alonso Ancira.

En solo 45 días el panorama se ha modificado dramáticamente. Las cabezas priístas alineadas aparentemente hacia el cadalso ya no solo son las de Lozoya y Ancira, sino que se ha brincado hasta Juan Collado, el afamado abogado considerado por la autoridad como prestanombres del propio Peña Nieto, entre otros políticos, lo mismo que de personajes tan controvertidos como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.

Se ha confirmado que multimillonarias cuentas bancarias a nombre de Collado en Andorra y otras plazas europeas se hallan congeladas luego de que no pudo explicar extrañas transferencias desde cuentas radicadas en Sinaloa, ligadas al crimen organizado. No son autoridades bancarias internacionales las que están atrás de ese bloqueo, sino la agencia norteamericana contra las drogas (DEA) y otras entidades similares.

El pasmo provocado en las filas del alto mando del PRI no ha impedido que, aquí y allá, surjan reportes extraoficiales de que hombres clave del pasado sexenio ya no se encuentran en el país y han decidido poner un océano de por medio antes de recibir a la puerta de su casa el citatorio para una indagatoria penal.

Es probable que, en las próximas semanas, y antes de que tengan efecto las elecciones de nuevo presidente del PRI, el 11 de agosto, los mexicanos, pero en particular la militancia priísta, se enteren de que el mismo círculo político que impuso a “Amlito” como candidato es el que está atrás del mayor escándalo de blanqueo de capitales que haya conocido el país en décadas.

Por todo ello no es sorprendente que actores relevantes de esta historia, que confeccionaron o al menos toleraron una “cargada” al viejo estilo en favor de Cárdenas Moreno, hayan empezado a tomar distancia o al menos mandando señales de que no operarán las estructuras bajo su alcance para imponer a un aspirante al que la militancia podría estarle ya dando la espalda. Puede ser el caso del exlíder senatorial Emilio Gamboa, un rival político de “Alito”, quien ha dejado claro en los círculos necesarios que él no participará en el proceso “ni para bien ni para mal”.

Extendidas versiones apuntan en el sentido de que, durante una visita por el Estado de México a fines de mayo, el presidente López Obrador anticipó a Del Mazo, en un discreto coloquio, la acción judicial en contra de Lozoya y Ancira. El mandatario acudió de inmediato a consultar a Peña Nieto, y fue ahí en donde se fraguó el respaldo a Moreno, que por años fue conocido como “Alito” y ahora se alude a él como “Amlito”, por la difundida percepción de que desde su tarea al frente de la Conago, se esforzó en mostrarse servil hacia el ocupante de Palacio Nacional.

Ello derivó en la apresurada convocatoria a los gobernadores en la casa de gobierno de Toluca para transmitir la “línea” dictada por Peña Nieto. A ello se sumaron diversos operadores que cabildearon en favor del campechano, lo que incluyó a José Antonio Meade, excandidato presidencial, y José Murat, exgobernador de Oaxaca. Con ese bloque se logró que “Alito” consiguiera en unas cuantas horas las firmas de adhesión de dirigentes de sector para obtener su registro, en una intentona obvia para cerrarle el paso a Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, quien sin embargo está en la contienda y había nadado contra la corriente salvo en las últimas semanas, cuando ha empezado a perfilarse como cabeza de un bloque opositor real.

El encuentro de gobernadores del 27 de mayo en Toluca tuvo otro acento dramático: fue convocado también José Narro, exsecretario de Salud y ex rector de la UNAM. Narro pensó que acudía a un espacio en donde recibiría el respaldo final para su causa. Pero fue lo contrario: fue llevado a un pequeño aparte en donde se le informó que quedaba en la vereda.

En cualquier momento se puede confirmar que el PRI ha tomado otra ruta, no por decisión de sus líderes formales, sino a pesar de ellos. Que la nomenklatura del partido no utilizará a la militancia para pactar con el gobierno, sino que la base priísta decidió dejar a esa casta en la picota. Y optar por la dignidad.

Apuntes: La renuncia de Carlos Lomelí, el impugnado “súperdelegado” en Jalisco que desde su posición consolidaba una red de múltiples negocios, derivó en una estrambótica guerra de tuits entre diversos analistas políticos y funcionarios como Lorenzo Córdova, que entraron al campo de batalla tras señalamientos de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el economista John Ackerman. Se trata de un episodio más en el que el bloque radical de la Cuarta Transformación muestra anhelos de emprender una noche de cuchillos largos.

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