Después de los terremotos que causaron severos daños a la población más vulnerable de algunos estados de la República Mexicana, se vino la avalancha social en las redes sociales exigiendo que los partidos políticos donaran el dinero de las prerrogativas. El impedimento constitucional y legal protege y evita que los partidos dilapiden a su antojo los recursos públicos; el mismo INE así lo reconoció: ¡No pueden donar dinero de las prerrogativas los partidos políticos!
La presión social se fortaleció por medio de algunas organizaciones “bien organizadas” para ejercer presión en las redes sociales. La mayoría de los impulsores y adherentes ignorantes del derecho aplaude la “demanda ciudadana”. Otros más saben de la imposibilidad legal, sin embargo, alzaron la voz exigiendo lo mismo sin importarles la prohibición de las normas. El obsesivo objetivo es quitarles dinero a los partidos políticos para destinarlo en beneficio de los afectados por los terremotos.
La exigencia ciudadana aumentó y los partidos políticos terminaron por aceptar que se done al menos el 20% de las prerrogativas que suman muchos millones de pesos, mas no los suficientes para amortiguar los daños sufridos por los damnificados. El trámite legal para poder destinar ese dinero requiere de una reforma constitucional, proceso lento y engorroso; o bien crear un artículo transitorio que prevea el caso de excepción, pero el trámite es el mismo. Deben dejar en suspenso artículos constitucionales como el 41 y el 105 fracción II, penúltimo párrafo que impide hacer reformas electorales noventa días antes de iniciar el proceso electoral ¿Qué hacer para regresar ese dinero en beneficio de los afectados?
En definitiva, la medida no puede ser legislativa, a pesar de que se trate de dinero que será asignado para el ejercicio fiscal de 2018 ¡Oh no! Que sea de los recursos de 2017, aquellos que no se han entregado a los partidos. Total, ya todos aceptaron. Y las ideas empezaron a fluir para desenredar el acertijo legal ¡Fácil! Que sea por medios meramente administrativos y no legales: hacer una trampa al procedimiento. Simple: que los partidos renuncien a las cantidades por asignar, así el INE lo debe regresar a la Tesorería de la Federación, nuevamente la Secretaría de Hacienda se apropia del dinero y lo “etiqueta” para destinarlo a los damnificados. De tal manera, la “burla” a la ley no violenta el marco jurídico, ese encuadre que “siempre respetan” los dirigentes de partidos, legisladores federales y políticos. El dinero saldrá “limpio” de Hacienda, aunque ya no será donación de los partidos políticos, esos habrán renunciado a las prerrogativas, a los dineros y no pueden condicionar a la autoridad hacendaria qué hacer con los recursos públicos. Al final habrán cumplido con la exigencia social y la sociedad organizada habrá conseguido un verdadero triunfo político, habrá derrotado a los “parásitos” del sistema de partidos.
Mientras esto sucede el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, se está poniendo de acuerdo con los representantes de los partidos políticos y dirigentes nacionales para desenmarañar la manera en que habrán de rechazar cierta cantidad de las prerrogativas; y si deciden tomar dinero del presupuesto de este año, el siguiente quedará intocado, dado que no habrá reforma constitucional y tanto el INE como los partidos políticos estarán recibiendo para el ejercicio de 2018, poco más de 27 mil millones de pesos. Lo cierto que, de acuerdo con las nuevas reglas de distribución de las prerrogativas, es un ofensivo exceso el dinero que se les entrega a los partidos políticos, cuando la mayoría de los mexicanos requieren de más recursos públicos para atender necesidades de seguridad, educación, salud, etcétera.
El juego del rechazo de prerrogativas —que ya no sería donación— no podrá ser aprovechado por los políticos para lucrar electoralmente, se debe ser claro. El dinero es del contribuyente, no de los partidos. Previo acuerdo, el INE tendrá que devolver a Hacienda ese dinero. El Consejo General del INE deberá cambiar el destino de los recursos etiquetados por aquello de la fiscalización. El trámite no será legislativo, debe ser administrativo. Hacienda volverá apropiarse de los recursos, bajo la “condición política” de destinar ese dinero a la reconstrucción de las zonas afectadas por los temblores. Hacienda determinará el reparto de los dineros ¡Esta acción colectiva es un logro de la sociedad!
