La Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió la oportunidad de afirmar su autonomía y evitar la imposición presidencial —que violenta el Estado de Derecho al decidir y actuar al margen de la ley— sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de las leyes que ella emanan; y que protestó cumplir y hacer cumplir en su toma de posesión.

Con una corta campaña de señalamientos y advertencias (durante las “mañaneras” del mismo día de la reunión del pleno, y la víspera), el Presidente impulsó que los “magistrados orgánicos” evadieran cuestionar la omisión presidencial en el cumplimiento de leyes aplicables a la procuración e impartición de justicia. Poniéndose de lado para evitar confrontaciones, ofrecieron una respuesta no solicitada: la formulación de una nueva pregunta.

El tema central de la solicitud a la SCJN no era si el Presidente podía o no llevar a cabo una consulta popular —que por ley está establecida— sino sobre la constitucionalidad o no de preguntar a la población si se aplica o no la ley a quienes presuntamente la han violado, lo cual, se estableció en la ponencia del magistrado Luis María Aguilar Morales, debido a que no se puede inquirir a la población si la autoridad cumple o no su obligación de aplicar la ley.

El marco en el que se genera esta consulta está precedida de una estela de decisiones y acciones presidenciales en las que de manera flagrante actúa al margen de la ley: la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands; usar al Congreso para modificar a modo la ley que impedía a su amigo Paco Ignacio Taibo II ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica; autorizar la liberación de Ovidio Guzmán López, contraviniendo un mandato judicial; ofrecer inmunidad a las feminazis que portaban bombas molotov e hicieron destrozos en su reciente aparición, entre otros muchos, muestran la impunidad de que goza la delincuencia organizada para seguir asesinando a mexicanos sin que haya autoridad que les haga algo, y la animadversión del Presidente por las leyes —o los procedimientos cuando le estorban—, a pesar de haber estudiado esa carrera y de haberse titulado después de 14 años.

La renuncia del doctor Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, evidenció esto último cuando, en entrevista a un medio de comunicación, dijo: “Como abogado que soy, por mi formación, insistía en procedimientos administrativos, en cumplimiento de normas administrativas. Y a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de las decisiones y para conseguir los resultados”. Y añadió: “Varias veces el Presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos”. Y lo ratificó cuando señaló que entre las inconsistencias que encontró había licitaciones amañadas, preparadas, asignadas.

Este comportamiento presidencial hace que de facto estemos en una autocracia (régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad) siendo México un país democrático, republicano, representativo y federal.

El punto no es menor. Debilitar a las instituciones resta libertades sociales y capacidad institucional para garantizar el Estado de Derecho, necesario para el progreso del país; y facilita el control de quienes desean apropiárselo, como es el caso del Presidente.