Después del revés que recibió la izquierda mexicana representada mayoritariamente por el PRD por parte del Pleno de la SCJN, al haber rechazado su propuesta política de consulta popular sobre el tema del petróleo, ahora acudirán —dijeron— ante la CIDH.
Todo iba tan bien, todo parecía que el día de la jornada electoral los votantes serían consultados sobre si están de acuerdo o no, en que la iniciativa privada participe en las diferentes etapas de extracción y transformación del petróleo mexicano; sin embargo la ilusión se derrumbó ante el criterio de la mayoría de los Ministros de la Corte, al considerar inviable la propuesta de consulta planteada por la izquierda.
La motivación y fundamentación de la resolución no tuvo mayor problema, y es que la ley de la materia contempla de manera clara la inviabilidad de estas consultas cuando el tema se refiera a los ingresos o egresos del Estado; y vaya que el petróleo tiene una tremenda participación en ello, es una de los pilares fundamentales en el rubro de la recaudación fiscal. Luego entonces, además de insidiosa la pregunta, la propia ley impide la realización de estas consultas cuando a ellos de refiera. No hubo duda alguna para la mayoría de los ministros para su rechazo.
Los epítetos en contra de los Ministros no se hicieron esperar, “lacayos”, en entre otros. Los ministros no tenían de otra. Y lo más increíble, que los mismos que se quejan fueron quienes aprobaron la ley que hoy refutan; ellos impusieron estos impedimentos en el artículo 11. La misma ley determina que es definitiva e inatacable la resolución de la SCJN, artículo 29. No sé por qué ahora se quejan y se duelen de la resolución de la Corte.
Ante el revés que legalmente recibieron los señores de la izquierda, ahora “amenazan” con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde despacha uno de sus fieles militantes, Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo, precisamente a demandar la violación de derechos humanos con la esperanza de que un organismo internacional determine lo contrario y obligue a las autoridades mexicanas a que se realice la consulta popular que demandan. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, calificó de “sesgada y por consigna” la resolución y afirma que seguirán luchando hasta lograr la consulta popular.
Lograron 6 millones, 436 mil, 632 firmas apoyando la consulta —PRD y Morena—, todo parecía que ese era el problema a vencer; sin embargo nunca imaginaron que en la Corte perderían el caso por no haber previsto los impedimentos legales que prohiben la realización de las consultas. Los seis supuestos que prohiben la realización tienen conceptos generales, de tal suerte que así fueron interpretados por el máximo órgano jurisdiccional, por quienes incluso legislan a través de criterios y jurisprudencias que se vuelven obligatorios para todos.
Por lo pronto todo parece indicar que en la jornada electoral de junio próximo no habrá consulta popular en materia de hidrocarburos, propiedad originaria de la nación. Pero será interesante y muy aleccionador lo que en su momento resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Acaso es un derecho humano la consulta popular? ¿Acaso la materia del petróleo también atañe a un derecho humano? ¿Se violó un derecho humano de esos más de 6 millones de mexicanos que esperaban la consulta popular? ¿Será imparcial en su juicio jurídico el izquierdista Emilio Álvarez Icaza? ¿Podrá la CIDH revocar y ordenar a la SCJN, emita una nueva resolución en la que obligue a realizar la consulta, a pesar de ser ésta definitiva e inatacable? Interesante será el asunto. Estimo que no procederá, sin embargo en cuestión de criterios jurídicos uno nunca sabe y políticos mucho menos.
Analista legislativo.
@HectorParraRgz
