En México, 21 entidades reconocen el derecho de las personas LGBT a contraer matrimonio. Querétaro se encuentra entre los estados que, con una visión regresiva del derecho, discrimina a las personas por su orientación sexual sin embargo no existe ninguna razón de peso que justifique la negativa de algunos diputados y diputadas para modificar la ley. Simplemente no les da la gana.

Por el contrario, las y los legisladores más recalcitrantes y conservadores de Querétaro han hecho gala de la satisfacción que les genera limitar los derechos humanos de otras personas. Eso solo se explica si esos legisladores consideran que sus creencias, prejuicios y dogmas están por arriba de la ley. Así de sencillo.

Los argumentos falaces que esgrimen han sido refutados en más de una ocasión por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos organismos han señalado de manera categórica que las autoridades que se oponen a reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, además de discriminar, literalmente violan la ley.

El 16 de marzo la justicia federal amparó a cuatro personas LGBT, para obligar a la LIX Legislatura de Querétaro a sacar del coma legislativo y votar en el pleno la iniciativa de ley que modifica el artículo 137 del Código Civil con el fin de no limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer lo que permitiría a todas las personas contraer matrimonio en nuestro estado, independientemente de su orientación sexual, sin la necesidad de recurrir a un juicio de amparo, como ocurre hoy.

La iniciativa turnada, a la Comisión, que irónicamente se denomina de “Procuración y Administración de Justicia”, está en la llamada “congeladora”, lo que permite a quienes se oponen a una reforma, que saben no solo constitucional sino justa, detener el proceso legislativo (literalmente no hacer su trabajo) porque de plano no les da la gana.

La justicia federal determinó que no existe razón para que se haya detenido el dictamen de la iniciativa por más de dos años y ordenó que “a la brevedad” sea turnada al pleno, esto es inmediatamente y no como propone el líder de la bancada del PAN, antes de que finalice la LIX Legislatura en septiembre.

Quienes han detenido el dictamen han actuado de manera no solo inconstitucional sino extremadamente cruel porque deliberadamente dañan, en ocasiones irreparablemente, a un sector de la población al que abiertamente discriminan, lo que no tiene cabida en un estado constitucional y laico que se rige por un pacto federal del que Querétaro forma parte.

Las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual tienen el derecho de ser protegidas y representadas por quienes, a pesar de sus creencias personales, reconocen y acatan su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y todos los hombres que habitamos en Querétaro.

Activista defensora de derechos humanos e integrante del Centro Latinoamericano para La Paz, la Cooperación y el Desarrollo