El inédito clima de inseguridad y violencia que se gestó en nuestro país los últimos sexenios, ha sido enfrentado categóricamente por el nuevo Gobierno de la República a través de la propuesta de reformas a la Constitución Federal y a diversas leyes secundarias, para la creación de la Guardia Nacional; la extinción de dominio a los bienes de los delincuentes; o la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo el robo a casa habitación, al transporte de carga en todas sus modalidades, el feminicidio, a la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, el huachicoleo o la corrupción; entre otras reformas.

Esfuerzo que se complementa con un cambio estructural de las políticas para combatir la desigualdad y la falta de oportunidades rumbo al desarrollo de millones de mexicanos, especialmente de los sectores poblacionales más pobres.

Poco a poco esta profunda transformación se va implementando con la coadyuvancia de los gobiernos estatales y creemos firmemente que gradualmente recuperaremos la paz en nuestro país.

Ahora bien, este enfoque que quiere eliminar los incentivos perversos para la comisión del delito deberá complementarse con una revitalizada contraparte, relacionada con la atención hacia la víctima, hacia la reparación integral del daño sufrido, incluyendo su indemnización.

Se trata de atender adecuadamente a las personas que son lastimadas especialmente por delitos de alto impacto, que se definen por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia y que son los que más las lastiman y que contribuyen precisamente a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía. Hablamos de las víctimas directas e indirectas de homicidio y feminicidio; secuestro; extorsión; trata de personas; cualquier tipo de robo, especialmente aquellos que son cometidos con violencia, ya sea el robo de vehículo, a casa habitación, a negocio o a transeúnte; violación y narcomenudeo.

Para lo anterior, se hace necesario fortalecer el actual marco jurídico en la materia (Constitución y Ley General de Víctimas principalmente) con el objeto de perfeccionar los mecanismos vigentes para la reparación integral del daño y la indemnización de las víctimas del delito, los que deberían encontrarse garantizados por el Estado, con independencia de si el delincuente ha sido capturado y/o sentenciado.

Debemos hacerle saber a las víctimas que la ley se encuentra de su lado, y que la impunidad no recaerá sobre ella por añadidura, inhibiendo su reparación, por lo que debemos perfeccionar la figura que ya señala en nuestra norma fundamental en su artículo 20, inciso C), fracción IV, como un derecho de la víctima u ofendido.

No podemos entre otros aspectos continuar retrasando o limitando los procesos resarcitorios a favor de las víctimas del delito, por lo que requerimos plazos perentorios bien definidos en la ley; así como la reformulación de los fondos existentes, para igualar la corresponsabilidad de su conformación entre la Federación y los estados, con base en las estadísticas en la materia.

El sector público, como en otras partes del mundo, debe ser solidario al menos con las deficiencias que permiten la existencia del delito en la sociedad a la que se debe. Lo que sin duda se reflejará en incentivos a favor de la denuncia, pues no queremos un México callado nuevamente, un México donde nadie denuncie y la mayoría de los delitos queden impunes.

Necesitamos que los ciudadanos hagan su parte y sepan exigir justicia a sus autoridades de cualquier nivel.

Como senador de la República, mi lucha permanente será a favor de las víctimas del delito. No tengo duda que enfrentar a la delincuencia es una parte esencial prioritaria de los gobiernos estatales y federal, pero una vez que el criminal es capturado ¿cuál es la prioridad de las víctimas? La reparación integral del daño, efectivamente. Y eso nos toca abordarlo a nosotros los legisladores.