Por un federalismo electoral

Arnulfo Moya Vargas

Con la aprobación de la reforma electoral realizada por la legislatura local el pasado 29 de junio, en Querétaro parece que el debate entre centralismo y federalismo se sigue proyectando todavía en la esfera política. El poder electoral se ha centralizado y ello no significa ni mayor democracia ni mayor eficiencia.

El cambio de legislación no es por sí mismo una reforma. Hace falta relevancia histórica en las reglas de entrada a los cargos públicos en un contexto nacional en el cual tenemos una economía que no crece, un ejército de desempleados y de inconformes con el sistema que no sólo abarca a las nuevas generaciones sino a personas de todas las edades que exigen sus derechos por medio de la protesta cada vez más radicalizada, una militarización de la seguridad que no da los resultados prometidos —que si bien ha cambiado el relato mediático heredado de Calderón— no ha transformado los números en relación con la disminución de crímenes ni en el número de muertes, una desigualdad cada vez mayor que no se atreve a la reforma de los salarios como vía de recuperar el poder de compra de la sociedad, un país dividido no solo entre las asimetrías en lo social y económico, sino por la polarización política y la lucha brutal por recuperar el poder cedido antes al crimen organizado.

A este contexto no responde la reforma electoral en el ámbito nacional y en el nivel local. La transmisión pacífica del poder en la nación, siendo ésta unas características de la estabilidad y del desarrollo político, no se encuentra garantizada con la reforma electoral.

Bajo el argumento del PRD y del PAN de que había que arrebatar el control de las elecciones a los gobernadores, el PRI aceptó una modalidad de cambio de reglas que privilegia los vicios y errores de elecciones pasadas dejando sin resolver los problemas más graves de los procesos electorales en nuestro país.

Peor todavía: se votó en los Congresos, incluido el de Querétaro, a favor de un retroceso que centraliza aún más el poder en México en detrimento del sistema federativo al adoptar un modelo de reforma impuesto desde el Pacto por México sin considerar las diferencias tan complejas que en el territorio y en la población subsisten.

No niego que en muchos estados del país el régimen electoral está totalmente en manos del Poder Ejecutivos local —aunque creo que en Querétaro no desde 1997, aunque sí tiene bastante influencia—, pero la entrega de la organización de las elecciones al poder central no es un avance.

El sistema federal es uno de los pilares organizativos del Estado mexicano. El sentido del federalismo es la distribución del poder mediante la asignación de competencias para el gobierno nacional y para las entidades federativas. Pero también es una forma de combinación del poder de las entidades y del gobierno nacional.

Cuando las legislaturas solamente homologan los textos legislativos en materia electoral con sus equivalentes en lo nacional, en automático trasladan los vicios de forma y de fondo de la reforma nacional. No hay una creatividad democrática y hace de los Congresos correas de transmisión, y en otros casos oficinas de registro de las decisiones tomadas en otras sedes, menos en la legislativa.

El sistema de reclutamiento de consejeros y magistrados, las facultades del INE para organizar elecciones locales, que derivan de la reforma nacional y seguido por las legislaturas estatales, constituyen un gran error ya que en esta cultura de la línea- —como la llamó y reprobó Colosio en su momento— no propician el combate a los problemas centrales del sistema electoral a saber: la falta de credibilidad y confianza en las leyes e instituciones electorales, el déficit de representación en los órganos legislativos y ejecutivos, la centralización del régimen del partidos, el monopolio de las candidaturas por los partidos y la escasa apertura a las candidaturas independientes, el alto costo de las campañas que monopolizan el acceso al poder, la subsistencia de un sistema de elección proporcional para Congreso y ayuntamientos totalmente injusto y apartado de la equidad electoral; una pobre regulación en relación al acceso a los Mass Media.

A todo lo anterior se suma la falta de un sistema de rendición de cuentas de los sujetos del proceso político antes, durante e inclusive después de concluido el ejercicio de los cargos electivos. Con esta reforma para la elección del 2015, los ciudadanos de Querétaro vamos directo a la servidumbre política.

 

Abogado

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