Continúo con el tema del que hablé la semana pasada, sobre la propuesta del presidente de la República de elaborar una Constitución Moral y mi argumentación de por qué eso me parece una aberración.

Dije, y lo reitero, que somos una sociedad muy diversa en sus maneras de pensar y vivir, de concebir el pasado y el futuro, de considerar cuáles son las necesidades, los deseos y las prioridades, cuáles las conductas adecuadas, qué es lo correcto, lo justo y lo bueno y que al gobierno no le corresponde decidir cuáles de todos estos son los adecuados.

Y eso es así, porque ni el gobierno lo sabe (aunque hay personas en el gobierno que creen que sí lo saben), pero además, porque el gobierno no es una iglesia a la que tenemos que obedecer, sino una entidad a la que los ciudadanos pusimos allí para ocuparse de las cuestiones públicas que nos afectan como sociedad, tales como la estabilidad económica, el desarrollo, la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y los servicios, así como vigilar que se obedezcan las leyes y que las instituciones hagan lo que deben hacer. Y no es cosa de que cada gobierno en turno pueda decidir disminuir sus obligaciones o ampliar sus facultades como quiere hacerse en este caso, llevando sus facultades hasta un ámbito que no es de su competencia, como es el de la moral.

La única intervención que el gobierno puede tener en asuntos relacionados con la moral, es aquella que tiene que ver con situaciones en las cuales los particulares hacen algo que se opone a lo que marcan las leyes. Por ejemplo, si alguien asesina, si no manda a su hijo a la escuela, si deja morir a su madre de una enfermedad curable o vende a su hija a un tratante de blancas, aún si son temas que conllevan una fuerte carga moral, deben ser perseguidos por el Estado porque es su obligación castigar lo que de acuerdo a nuestras leyes se consideran delitos o infracciones, pero el castigo no se hace porque dichas acciones se opongan a la moral de quien gobierna.

La tercera razón para argumentar en contra de la propuesta de una Constitución Moral, es que el presidente dice que hace falta un documento como este para enseñarnos a los mexicanos a ser honestos, a no ser corruptos, a convivir pacífica y hasta amorosamente.

Dejando de lado el hecho de que según el presidente los mexicanos no sabemos esas cosas y hay que enseñárnoslas, lamento decirle que por mucho que esos buenos deseos (que comparto con él), se plasmen en dicho documento no por ello los ciudadanos lo van a aprender y menos aún a obedecer. ¡Allí están todas las leyes y todos los mandamientos religiosos para percatarnos de que no siempre se obedecen!

Y es que los seres humanos hacemos lo que hacemos para obtener beneficios concretos. Una religión puede amenazar con el infierno, de modo que portarse bien se hace para no ir a parar allí, y lo mismo un gobierno: si quiere que los ciudadanos se porten de cierta manera, por ejemplo, que no cometan delitos, solamente lo puede lograr ofreciendo incentivos o castigos.

Por eso el camino no consiste en pretender imponer una cierta manera de ver las cosas sino en hacer pactos sociales que le redunden a los ciudadanos en beneficios concretos.

De allí que, si bien la honestidad y la convivencia armónica pueden, y de hecho deben, ser propuestas y promovidas, ello no significa que se las va a conseguir solo por eso. Es necesario que haya leyes que premien ciertas conductas y castiguen otras.

Las leyes, hay que decirlo, no son eternas ni inmutables, son un producto humano que se puede modificar de acuerdo a las necesidades y los deseos de la sociedad. Pero mientras existen, y en lo que se las modifica, se las debe cumplir.

Y esto no a todos les gusta. Por eso vemos que hay grupos y personas que una y otra vez, a lo largo de la historia de nuestro país, han intentado y siguen intentando cambiarlas por cualquier vía, incluída esta de proponer una Constitución moral. Solo que la cosa no va por allí.

Escritora e investigadora en la UNAM

Google News