De acuerdo con los resultados de los distintos estudios de opinión y encuestadoras dedicadas a la medición de confianza que generan las instituciones de nuestro país los mejores evaluados son la iglesia y el Ejército, y las que generan una mayor desconfianza en la población son, la policía y muy por debajo de ella, la Cámara de Diputados, la burocracia y finalmente quienes ocupan el peor índice de confianza, los partidos políticos.
Y no es para menos pues, es del dominio público que la gran mayoría de los políticos convertidos en servidores públicos hacen lo que les viene en gana, burlándose de quienes les confiaron el poder en sus manos: se fijan el sueldo que quieren; despiden y contratan a los trabajadores que quieren y les pagan lo que quieren; construyen las obras que quieren y, con o sin licitación, se las otorgan a los constructores que quieren, o dicho de otro modo y de manera muy resumida, se roban lo que quieren dejando grandes deudas a trabajadores, proveedores y hasta de los servicios públicos de sus respectivas dependencias.
Así ha ocurrido siempre y así pasó una vez más con varios de los servidores públicos de la administración estatal y de los 18 municipios que acaban de entregar el poder a pesar de sus discursos de transparencia y rendición de cuentas para quedar bien ante la población. A escasos días después de los cambios de gobierno, aunque no sorprende sí llaman la atención las declaraciones de los jefes de las nuevas administraciones sobre los saqueos y desfalcos de los que ha sido víctima el pueblo, dueño de los recursos con que mantiene a los servidores públicos.
Por falta de espacio a continuación sólo menciono los casos más escandalosos. Aunque no se precisaron conceptos, según declaraciones de la administración que encabeza Francisco Domínguez, el gobierno saliente le dejó un boquete fiscal de más de 650 millones de pesos que pone en grave situación el inicio de su administración. En Usebeq, se dejó una deuda de 17 millones de pesos destinados a cubrir los pagos de los trabajadores de la dependencia. En Querétaro, el presidente municipal, Marcos Aguilar señaló que el 30 de septiembre a sus espaldas, la administración anterior liquidó a 50 funcionarios; 36 de ellos directores que significan 20 millones de pesos.
Mario Calzada, nuevo alcalde de El Marqués señaló que el ayuntamiento saliente dejó deudas por 260 millones de pesos, 100 millones que corresponden a deuda a largo plazo; otros 100 millones a proveedores y 60 millones para otros compromisos que se deben resolver en el resto del año. El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, dijo haber recibido el municipio con una deuda de 118 millones; 89 millones a proveedores, 23 millones por primas vacacionales, 6 millones de deuda al SAT y no dejó para aguinaldos.
En Cadereyta, según León Enrique Bolaño, el ex presidente Rodrigo Mejía dejó un pasivo por 59 millones de pesos y 3.5 millones más por derecho de alumbrado público, deudas a trabajadores y a cajas populares. En Tolimán, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Huimilpan, Jalpan, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, etcétera, los funcionarios salientes se robaron hasta los focos de sus oficinas.
Los diputados de la LVII Legislatura por su parte, “en lo oscurito”, desde el mes de junio se aprobaron un incremento de 38 mil pesos a su dieta, que pasó de 47 mil a 85 mil pesos mensuales, que significa 80% más, situación que se conoció hasta que se actualizó el apartado de Transparencia de la página web de la LVIII Legislatura. El ex presidente municipal de Corregidora, Antonio Zapata, vendió permisos a un particular para la colocación de antenas a pesar del rechazo de los vecinos, pasándose por entre las piernas la recomendación de la DDH del estado. ¡Pobre del pobre que al cielo no va… lo friegan aquí y lo friegan allá!
Dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina. @jggrave jerogurrola@yahoo.com.mx
