El domingo arrancó la Conferencia de las Partes en Glasgow, Escocia (COP26). Como cada año desde 1995 (con la única excepción del 2020 a causa de la pandemia), más de 100 países se reúnen para discutir y acordar cómo acelerar la lucha en contra del cambio climático: la mayor amenaza medioambiental que enfrenta la humanidad.

En mi opinión, a pesar de los avances tecnológicos, el combate de este problema es muy complejo al menos por dos razones. Primero, los países que emiten más carbono no son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, o tienen recursos suficientes para adaptarse, por lo que no tienen la misma urgencia por detener el fenómeno. Segundo, los beneficios de reducir emisiones se proyectan a futuro, por lo que esta agenda no es prioritaria para la mayoría de los gobiernos.

A pesar de los planes, mandatos, protocolos y plataformas que han surgido en las Conferencias de las Partes, las emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático, no se han reducido de manera significativa. Por ello, la revista británica The Economist considera que esta cumbre climática también podría ser una decepción. No obstante, estas cumbres son clave porque ponen el tema en la agenda mundial: logran que diplomáticos, políticos, empresarios, científicos, activistas y medios de comunicación reflexionen sobre cómo lograr un desarrollo sin depender de los combustibles fósiles.

México, después de haber sido líder entre los países en vías de desarrollo para avanzar hacia una economía más sustentable, llega a esta cumbre en una mala posición. No solo porque nuestro presidente no acudirá, sino también porque en el país se discute  una iniciativa de ley para revertir la reforma energética del 2013 que pone en riesgo los compromisos de México para reducir emisiones.

En específico, la iniciativa busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la única responsable de la inversión, ejecución y seguimiento de la transición energética. Con ello, para generar electricidad se privilegiarán las centrales de combustibles fósiles de la CFE y se obstaculiza la entrada de nuevas inversiones privadas para instalar infraestructura que aproveche fuentes renovables (como aire o sol).

De aprobarse esta iniciativa, se sumaría a una serie de decisiones en las que la administración federal actual ha demostrado que el medio ambiente le importa poco. Por ejemplo, uno de los mayores proyectos de infraestructura es la construcción de una refinería cuando 26 países han pronunciado a favor de eliminar los vehículos de gasolina o diésel en las próximas décadas.

Querétaro también podría tener afectaciones directas de aprobarse la llamada “contrarreforma energética”. ¿Qué pasará con los objetivos de la recién creada Agencia Estatal de Energía? ¿Qué pasará con las inversiones programadas en centros de datos? ¿Podrán implementar proyectos de eficiencia energética o energía renovable?

Más allá de lo que se logre de aquí al 12 de noviembre en Glasgow, es un gran momento para retomar a nivel local la importancia del medio ambiente. Para que un país sea atractivo para la inversión y el talento debe proteger al medio ambiente. Por ello, los gobiernos a todos niveles deben contemplar el impacto ambiental de sus decisiones, pensando en el bienestar de esta generación y las futuras.