Hace justamente 20 años y por estas fechas, que se comenzó a echar mano del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para rescatar el sistema bancario mexicano. En aquella época ya habían sido intervenidos varios bancos por fraudes y manejos ilegales; ¿ejemplos? Banco Unión y Banca Cremi. Cuando el problema de estas instituciones financieras pequeñas se extendió a otras, se evidenció que algunas, al haberse extendido en créditos, tenían una grave cartera vencida, y otras más tenían serios problemas por el aumento drástico de las tasas de interés. Así, el gobierno entró de lleno a rescatar a los bancos. Fue un proceso de varios años que dio lugar a la creación del Instituto de protección al ahorro bancario (Ipab) y no sólo eso: generó polarización política y desencuentro entre los mexicanos.
A dos decenios de hechos tales y con la investigación que se ha realizado, se sabe que si bien el rescate tuvo sus problemas de diseño y de implementación, fue una acción indispensable del gobierno. No haberlo hecho hubiese causado una catástrofe mayúscula. Se sabe también que el costo del rescate —cerca del 14% del PIB— se debió en 69% al rescate de seis instituciones. Además, no fue tan oneroso como lo han sido la mayoría de los rescates que resultaron de la crisis mundial de 2008-2009; se hizo en condiciones de vulnerabilidad macroeconómica extrema y, a diferencia de lo que se ha dicho, el rescate fue esencialmente a los ahorradores y no a los accionistas de los bancos (con algunas excepciones).
Tras la crisis y rescate financieros de mediados de los noventa en México, los estándares regulatorios y de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda mejoraron sustancialmente. Tal fue el caso, que la crisis de 2008-2009 no golpeó al sistema financiero mexicano (en parte por su tamaño y complejidad relativa).
El rescate de Ficrea tiene muchos parecidos al rescate de Fobaproa. En primer lugar, se está rescatando a los “ahorradores”, aunque legalmente se trata de inversionistas (que no es lo mismo). Se les apoyará con una cantidad de dinero que proviene del erario público, por cierto muy superior al que se otorgó, en promedio, a los ahorradores de los bancos durante la crisis de 1994-1995. El Ipab, una vez recuperados los activos que dejó Ficrea, absorberá el peso de la deuda por su rescate. He ahí las principales similitudes.
¿Cuáles son las diferencias del rescate por el Fobaproa con el rescate de Ficrea? Primero, que el problema fue detectado por las autoridades y ya estaba previsto un monto de garantía para proteger a los inversionistas de Ficrea en caso de darse un fraude. El fondo es suficiente para cubrir las obligaciones originalmente pactadas. El Fobaproa, por su parte, sólo tenía recursos para cubrir sendas obligaciones de dos de los primeros bancos intervenidos. Al resultar del todo insuficiente, tuvo que entrar el gobierno al rescate.
Segundo, los inversionistas de Ficrea, sus “depositantes”, son eso: inversionistas que corren un riesgo mayor al que corren los ahorradores bancarios; por eso mismo tenían un rendimiento mucho mayor por sus inversiones que los que ahorramos en los bancos, con mejores garantías y menos riesgo. No tienen por que ser tratados como el resto de los ahorradores.
Tercero, no hay una crisis macroeconómica como la que había en 1995 que obligaba al gobierno a elevar las tasas de interés abruptamente y a ser más vigorosos en el apoyo que tenía que dar.
Cuarto y, sin duda, lo más importante, el fraude de Ficrea no pone en riesgo el sistema financiero mexicano. No se necesita ese rescate simplemente porque no está en riesgo la estabilidad del país.
Lo grave de la decisión del Congreso es que se manda una señal equivocada a todos los ahorradores: “Mete tu dinero en inversiones riesgosas, que te den más rendimiento, que al fin y al cabo, si hay problemas, el gobierno te rescata”. Eso es peligroso porque la estabilidad de cualquier sistema financiero del mundo depende de una adecuada supervisión y marco regulatorio, y de mecanismos que atemperen los riesgos que toman personas e instituciones. Con esos incentivos perversos, donde “paga” el correr riesgos más altos, se pone en entredicho la estabilidad financiera del país. El caso de Ficrea es pequeño, pero puede ampliarse a muchas otras instituciones. El Congreso dice al inversionista que se arriesgue… que al final del día y si hay problema, papá gobierno paga (o sea, usted y yo… y todos quienes pagamos impuestos).
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
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