La semana pasada en este Contratiempo, expuse la brutal epidemia de desaparición de niños, niñas y adolescentes en los últimos años en México, particularmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En esa entrega, recordé los varios compromisos que públicamente asumió el Estado mexicano, durante una audiencia que REDIM, una red de más de 77 organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, pidió en el marco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Durante la audiencia, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2016, México —a través de los funcionarios que representaron al Estado, como es la norma en estos casos—  se comprometió, entre otras cosas, a crear una mesa de trabajo en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores y a hacer lo propio en el marco de laConferencia Nacional de Procuración de Justiciapara, eventualmente, lograr homologar códigos, protocolos y procedimientos con el fin de agilizar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. A dos años del compromiso, ninguna de las dos promesas se ha cumplido. Una y otra vez escuchamos testimonios de padres de familia que señalan que autoridades locales se niegan, por ejemplo, a activar protocolos que uno pensaría elementales e inmediatos como la emisión de la Alerta Ámbercuando se extravía un menor bajo el pretexto de que todavía no pasan las 72 horas, o simplemente porque creen que “la niña se fue con el novio”.

Otro factor que permite que la epidemia siga creciendo es la información con la que contamos. Los datos para entender y dimensionar el problema son pocos. Los números del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) arrojan poca luz. Y lo que sucede con los adultos desaparecidos en el país en los últimos años sucede también con los menores: las cifras varían considerablemente. El RNPED sitúa la cifra de menores desaparecidos en 6,189; el Alto Comisionado de la ONU en 6,000 (de 2006 a 2014); REDIM en 6,700 (de 2006 a 2014), y la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P, en 45,000 (de 2004 a 2015).

¿Cuántos son en realidad? No sabemos. Uno de los problemas más grandes en torno a la epidemia es que como bien lo han documentado organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, hay muchas familias que, por miedo, amenazas u otros factores, simplemente no denuncian la desaparición de sus hijos.

Y aún así, medio a ciegas, organizaciones han hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de explicar de dónde viene la epidemia. Aquí algunas explicaciones:

1. Desaparición forzada: menores que desaparecen a manos o con la colaboración de agentes del Estado. La hipótesis ya ha llegado hasta el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

2. Tráfico de menores con fines sexuales, en su mayoría de chicas adolescentes. Siete de cada 10 menores desaparecidas son adolescentes, y el fenómeno creció un 200% de 2012 a 2014, de acuerdo con datos de REDIM.

3. Menores “reclutados” bajo amenaza (o no) por miembros de la criminalidad organizada, en su mayoría niños varones y adolescentes.

4. Menores robados, por lo general de menos de 1 año, para su venta y/o adopción ilegal.

5. Menores desaparecidos como parte de los “daños colaterales” de la violencia en el país. En este caso, los menores frecuentemente desaparecen junto con algún miembro de su familia (estaban “en el lugar equivocado, a la hora equivocada”).

¿Cuántos menores más desaparecerán, por la razón que sea, en México? ¿Cuántos más hasta que el Estado mexicano se haga cargo de la epidemia? ¿Cuántos hasta que nos resulte intolerable?