Desde el año 2010, y en conmemoración de la fecha en que Miguel Hidalgo y Costilla abolió la esclavitud en 1810, se decretó el 19 de octubre como Día Nacional de Lucha contra la Discriminación. Esta fecha es un recordatorio de todas las asignaturas pendientes que tenemos en esta materia, pero también un motivo de celebración, de gozo, por la forma en que ha ido evolucionando el tema de la discriminación, de ser una causa fundamentalmente civil hasta volverse una razón de Estado.
En efecto, cuando se institucionalizó la lucha contra la discriminación en nuestro país en el año 2001, desde muchos espacios y posiciones oficiales se observó a las obligaciones derivadas de la no discriminación como cargas imposibles de cumplir o como elementos accesorios de las políticas de desarrollo y de combate a la pobreza. Aun más, cuando en 2011 ocurrió la reforma constitucional en materia de derechos, se reforzó esta postura.
Hacer girar el conjunto de la acción gubernamental en torno al paradigma de los derechos humanos no es un asunto sencillo de materializar: implica modificar rutinas gubernamentales de exclusión, renovar la sensibilidad igualitaria en quienes diseñan y aplican planes y programas de acción pública, así como generar un nuevo modelo de relación con la sociedad civil. En esta tarea, las experiencias internacionales de legislación y política pública representan el punto de partida para este ejercicio de renovación ciudadana, que no sólo tiene que ser observado como una carga, sino como la oportunidad de dar realidad a nuestros anhelos más importantes de igualdad y combate de la injusticia.
Así es como precisamente tenemos que observar a la no discriminación: como el afortunado producto del consenso civil y legislativo y, también, como la vía para lograr acortar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Por eso es que el proyecto público de lucha contra la discriminación tiene que generar optimismo, contento y la certeza de que podemos cambiar las cosas y encontrar un equilibrio entre los poderes públicos y la ciudadanía diferente al que ha prevalecido, para lograr el acceso a derechos y oportunidades para todos y todas, sin discriminación.
En Querétaro logramos dar realidad al principio normativo de no discriminación, a través de la creación del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, único en el panorama municipal a nivel nacional. Desde esta trinchera de lucha ciudadana y cooperación institucional hemos diseñado acciones a favor de las personas, colectivos y poblaciones discriminadas que señala el marco normativo son de protección obligatoria.
Así, hemos establecido mesas de trabajo y espacios institucionales de vinculación con quienes han visto impedido el acceso al trabajo, la salud, la educación o la procuración de justicia a causa de la discriminación. Contamos también con un Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la fuente de nuestra política municipal en materia de igualdad y no discriminación.
De manera complementaria, contamos con toda una estrategia de incidencia cultural y a través de los programas se sensibilización y formación cívica, para compartir a todas y todos, especialmente a servidoras y servidores públicos, que la no discriminación no es una carga, sino la oportunidad de ser mejores personas, mejores ciudadanas y ciudadanos y con una mejor conciencia acerca de nuestras deudas de justicia hacia las poblaciones históricamente discriminadas.
Todo esto nos ha generado mucho trabajo, pero también un enorme contento y satisfacción por los resultados ya palpables del proyecto antidiscriminatorio en Querétaro. Precisamente, es esta actitud de celebración por los logros y promesas de la no discriminación, la que tenemos que comunicar y significar a nivel nacional.
Estamos contentos y contentas porque hemos hecho mucho, y esto no es patrimonio mío ni del equipo que valerosamente me ha acompañado en la aventura del INMUPRED. El contento que nos produce palpar la realidad de la no discriminación en el municipio tiene muchos autores y autoras.
En primer lugar, está el presidente municipal de Querétaro, quien siempre ha confiado en mí y me ha dado carta abierta para avanzar planes y programas de acción que, sin el apoyo decidido del municipio, serían solo sueños de inclusión y buenas intenciones.
En segunda instancia, está la sociedad civil queretana, tanto la organizada como la población en general, la que se ha dejado convencer acerca de lo mucho que perdemos cuando niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, mujeres o de la diversidad sexual, trabajadoras del hogar o poblaciones en condiciones de riesgo son excluidas del desarrollo. Es la sociedad civil, precisamente, la que nos ha mostrado su absoluta solidaridad en la tarea de proteger y empoderar a todas estas personas.
En tercer lugar, quisiera agradecer a la comunidad académica de Querétaro su disposición a construir espacios conjuntos de reflexión, donde todos y todas nos podamos poner de acuerdo acerca de lo que necesitamos modificar para dar realidad a la no discriminación. Estas personas, en su heterogeneidad y diversidad, pero también en su sentido de justicia e inclusión compartido, son el real motivo de la celebración motivada por la no discriminación. A ellos y ellas dedicamos los logros y promesas que buscan hacer de Querétaro un lugar de vanguardia para el ejercicio igualitario de derechos y sin discriminación.