En estos días, a petición de una organización de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República admitió una demanda penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de una supuesta actuación fraudulenta del Grupo de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto me parece muy alarmante, pues se suma a otros hechos que tienen el común denominador de buscar desacreditar a quienes defendemos derechos humanos en México, en un contexto que hacía mucho tiempo no era tan ominoso y poco alentador. El día de hoy, defender derechos humanos representa una tarea difícil, problemática, que lleva a quienes la asumen a ser perseguidos y descalificados socialmente. No podemos permitir que esta tendencia continúe, pues con la criminalización de las y los defensores también perdemos.
Al inicio de la década de 1990 nació en nuestro país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como una institución pública autónoma que fue creada por mandato constitucional para conocer de los abusos de autoridad que tenían como consecuencia una violación de la personalidad jurídica de las y los ciudadanos. En aquél momento, la CNDH se ocupó de manera fundamental de casos en que los abusos de autoridad del sistema de procuración de justicia derivaron en la condena de personas inocentes, en la desaparición de presuntos culpables, en su exhibición en medios o en confesiones obtenidas bajo tortura. Por supuesto, aquellos funcionarios y funcionarias autoritarios y corruptos vieron amenazada su posición de poder y privilegio, que antes nadie escrutaba ni los llamaba a cuentas. Por eso es que se empezó a generar una corriente de opinión pública en el sentido de que los derechos humanos eran, sobre todo, protecciones para quienes infringían la ley, para los delincuentes, y que defenderlos era afectar la seguridad de las y los ciudadanos respetuosos de la ley. Desde aquélla época quedó claro: defender derechos humanos en este país es una labor que implica cuestionar las razones oscuras del poder, someter a las y los políticos a un ejercicio de rendición de cuentas que los vuelve vulnerables; también, que defender derechos hace que quienes tienen posiciones de privilegio a costa de someter a la ciudadanía, pierdan esas prerrogativas y se enfrenten a posibles procesos de justicia para aclarar su responsabilidad por las violaciones a estos derechos.
Hoy, de manera desafortunada, vivimos un tiempo enrarecido en el que se está intentando volver a arraigar la idea de que defender derechos humanos es nocivo para la sociedad y para la seguridad del Estado. Esta tendencia se manifiesta en los cuestionamientos que se han hecho no sólo de la labor de los representantes de la CIDH en nuestro país, sino también en la difusión de versiones infundadas acerca del enriquecimiento ilícito de organizaciones –como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos–, que no han hecho otra cosa que acompañar y dar apoyo de todo tipo a las victimas que el gobierno ha desatendido, todo esto sin recibir remuneraciones económicas. Son muchas las personas que no quisieran que se tocaran las posiciones de poder que contribuyen a beneficiar a unos cuantos a costa de los derechos de la mayoría de la población; son muchos los intereses mafiosos que se afectan cuando se trata de proteger a las víctimas desde el paradigma de los derechos humanos, sin usar su dolor y su posición de vulnerabilidad como un elemento de polarización social. No podemos permitir que esto siga pasando.
Es bien conocido aquél poema de Martin Niemöller que cuestiona la indolencia frente a las víctimas: vinieron por los comunistas y no hice nada porque no era uno de ellos, luego por los sindicalistas, los socialdemócratas, los obreros y los judíos, y seguí en mi actitud indiferente. Que no ocurra lo mismo el día que vengan por todas y todos nosotros, porque no hicimos nada para defender a quienes se juegan la vida y la integridad por proteger nuestros derechos humanos.
