El pasado sábado 25 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que desde 1999 fue declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de invitar a los gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar sobre el problema de la violencia contra la mujer.

El origen de esta conmemoración data del año de 1960, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por órdenes del entonces presidente de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, justo el 25 de noviembre de ese año, en una emboscada al regreso de visitar a sus esposos en la cárcel.

Las hermanas Mirabal, bajo el nombre de Mariposas, luchando por la libertad y la democracia en su país, participaban del movimiento de resistencia contra el régimen.

En el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, surgió la propuesta de establecer en este día una jornada contra la violencia a las mujeres, que más tarde acogió la ONU.

En la actualidad, dicha organización señala que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.

En el marco del informe sobre los Progresos de la Agenda 2030, el secretario general de la ONU, António Guterres, al aludir a la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, sobre la igualdad de la mujer, indica que la violencia contra las mujeres y las niñas es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, puede provocar la muerte.

Según datos referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Nuestro país, desafortunadamente, no escapa a este fenómeno. Según datos del Inegi a 2016, el 66.1% de mujeres encuestadas de 15 años o más, manifiestan haber sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. De todas estas formas, la violencia emocional ocupa el porcentaje más alto, seguida de la violencia sexual.

En un comparativo entre los años de 2006 a 2016, el índice de violencia permaneció prácticamente en los mismos niveles, siendo la Ciudad de México y los estados de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro en los que se presenta en una mayor proporción, mientras que la menor, en San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur y Chiapas.

El crecimiento de los feminicidios, sin embargo, es alarmante, al pasar de 313 víctimas en 2013, a 755 en 2015, según reporta el Inegi con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.

La Recomendación General 19 de la CEDAW afirma que la violencia contra las mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. El origen de dicha discriminación se halla en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

La diferencia sexual y reproductiva entre unos y otras se ha traducido en una relación de poder que otorga la creencia de que el género/sexo masculino tiene mayor jerarquía. Esto ha configurado un orden social conocido como sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los varones, con sus correspondientes privilegios, frente a la inferioridad de las mujeres.

El reconocimiento universal de la violencia que sufren mujeres, jóvenes y niñas, en sus distintas modalidades y ámbitos, da cuenta de su alarmante dimensión, si consideramos que uno de los factores que dan lugar a la violencia contra la mujer y la perpetúan, es precisamente la desigualdad.

Reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de iguales oportunidades, es nuestra meta futura.

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