Con Felipe Calderón se reformó la Constitución para brindar garantías a los inculpados y víctimas del delito, dejando atrás la “negra etapa” de las torturas para obtener confesiones. Crearon el Código Nacional de Procedimientos Penales; se pusieron en práctica, por primera vez, los procesos orales, tecnicismos jurídicos fueron incorporados; la ciencia de la criminología, el estudio científico del delito, del delincuente y las víctimas; se incorporó al Derecho Penal la criminalística, especializada en pruebas periciales. Nacieron nuevas licenciaturas en las ciencias penales. 10 años para implementar la entrada en vigor en los 32 estados no fueron suficientes; capacitar a jueces, ministerios públicos, defensores de oficio y particulares, a los elementos policiales municipales, estatales y federales.

López Obrador crea la nueva corporación de la “policía federal” llamada Guardia Nacional. El peor error del gobierno de la #4T, fue incorporar en funciones a la GN a cientos de militares, todos incapacitados técnica y legalmente en las ciencias del Derecho Procesal y Penal. Incluso el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, resultó lego en la materia.

La militarización de la seguridad pública ha echado a perder un sinnúmero de carpetas de investigación, incluso los ministerios públicos coadyuvan activamente para que las autoridades judiciales dejen en libertad a presuntos delincuentes; carpetas llenas de errores técnicos y científicos que llevan a la nulidad de detenciones y pruebas, consecuencia que lleva a decretar libertades por falta de elementos para procesar a detenidos.

López Obrador ha encontrado la puerta falsa, culpar a las autoridades judiciales de la ignorancia de quienes nunca fueron preparados en la nueva ciencia del Derecho Procesal Penal. Rodríguez Bucio, siguiendo la política de la irresponsabilidad, también culpa a la presidenta de la SCJN, a jueces y magistrados por dejar en libertad a detenidos.

Cuando que, ellos son los responsables junto con los fiscales, quienes se esconden bajo las “faldas” de AMLO; no fueron profesionalizados en las nuevas técnicas de la procuración de justicia.

La cobardía del general Luis Rodríguez Bucio, también excomandante de la Guardia Nacional, resultó inaudita, al acusar a la ministra presidenta y otras autoridades de su propia ineptitud e incapacidad en la ciencia del Derecho Procesal Penal. No son capaces de integrar bien una carpeta de investigación de la mano de los ministerios públicos.

Analista legislativo. @HectorParraRgz