Porque el derecho a saber es un derecho fundamental y porque sin información no hay democracia posible, desaparecer al órgano garante nacional de transparencia —que cuenta con autonomía constitucional— y otorgar esta función a una dependencia sumisa al Ejecutivo, es renunciar a la veracidad y aceptar el sesgo de los #OtrosDatos.

Porque el discurso de odio se alimenta de la ignorancia, el miedo y la ausencia de pluralidad, necesitamos hoy más que nunca —como lo ha promovido la Organización de las Naciones Unidas— desterrar los prejuicios, difundir nuestros derechos y exigir con datos verificables que los dichos de los gobiernos no se aparten de los hechos.

Porque ha tomado años de lucha eliminar espacios de opacidad, discrecionalidad y terminar con vicios como la partida secreta del Presidente, las injustas condonaciones fiscales y la secrecía sobre desapariciones y violaciones graves a derechos humanos, no podemos concluir que ya vivimos en un régimen de apertura.

Porque este año los candidatos a las 15 gubernaturas y los más de 21 mil puestos que están en juego buscarán nuestro voto, necesitamos conocer quiénes son, qué proponen, cómo se han desempeñado, qué han hecho con los recursos públicos y qué méritos ofrecen —si acaso los hay— para gobernarnos.

Porque México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo y porque en lo que va de la presente administración, 38 profesionales de la información han perdido la vida sin que haya consecuencias, necesitamos aumentar —no restringir— las capacidades y las vías de vigilancia social. De igual forma, necesitamos combatir la estigmatización de quienes piensan distinto al discurso dominante.

Porque como lo señala la última versión de la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos aprobada en octubre del año pasado, para garantizar el acceso a la información se requiere de un órgano colegiado, que esté establecido por ley, que sea especializado y que sea imparcial para decidir sobre la apertura de información de interés público ya que no se puede ser juez y parte.

Porque la legislación mexicana en materia de transparencia y acceso a la información está considerada por el Centro para la Ley la Democracia de Canadá como la segunda mejor del mundo pero ésta aún no se traduce en una cultura de la apertura, necesitamos combatir, no solapar, la cultura del secreto.

Porque según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 2019, el derecho a saber sigue estando restringido a un sector que conoce el derecho y sabe ejercerlo requerimos que la información de utilidad social que generan las administraciones esté realmente a la vista de todos.

Porque el gobierno federal no cumple cabalmente con sus obligaciones de transparencia, tal y como lo muestra el crecimiento del 70 por ciento de los recursos de revisión en el último año, es decir del medio con el que cuentan los ciudadanos para inconformarse por la falta de entrega de una información.

Porque tal y como lo dijo en su mensaje de fin de año, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como sociedad todavía nos debemos aprender a colaborar, a actuar como comunidad en solidaridad. Por ello, si la vacuna significa la inmunidad física contra el virus, la información y el diálogo equivalen a la inmunidad contra la violencia y la destrucción social.

Por todo lo anterior, el control político de la información es mucho más grave que una simple ocurrencia.