Varios políticos de Querétaro, cual Reyes Magos con intención de molestar en vez de tomar decisiones a favor del interés público, otorgaron regalos anticipados de muy mal gusto a miles de habitantes, durante el mes de diciembre de 2018.

“Pensaron” y le apostaron tanto a la amnesia como a la inmovilización social.

El aumento de la tarifa del transporte público de 8.50 a 11 pesos, cortesía del gobernador Domínguez Servién y el Instituto Queretano del Transporte (IQT), es el ejemplo más ilustrativo. Por más anuncios y spots que transmitan a través de los medios de comunicación —con su correspondiente costo de recursos públicos en tiempo aire—, la realidad muestra que el incremento lastima tanto la economía como las múltiples vivencias cotidianas de los queretanos. Una vez más, Domínguez Servién prefirió congraciarse y —simultáneamente— tener miedo a los concesionarios o empresarios del transporte, que ponerse de lado de la población. Incumplió una de sus promesas de campaña en 2015, además de que la medida, buscó apaciguar al sector estudiantil, al mantenerlos, temporalmente, fuera del incremento.

Sin embargo, para la marcha convocada para el jueves 17 de enero, los miles de estudiantes comprometidos con el interés público están de vuelta y saben que el aumento de la tarifa a 11 pesos perjudica a sus familias.

El segundo regalo de muy mal gusto fue cortesía de los 25 diputados locales de la LIX Legislatura, quienes en menos de una hora, en sábado por la mañana y sin intervenciones en tribuna para oponerse, aprobaron el Presupuesto de Egresos 2019 para la entidad, que marginó el #PresupuestoSuficiente y #PresupuestoJusto para la UAQ. La “oposición” política en el Poder Legislativo (Morena y PRI) brilló por su ausencia el sábado 8 de diciembre de 2018, en la decisión más importante para la ciudadanía, por más intentos de justificación y malabares discursivos quieran hacer. ¿Por qué la prisa? ¿Qué quisieron ocultar? ¿Por qué no esperar a consultar a sus votantes para una decisión de esa magnitud?

Para muestra que podrían esperarse, están los diputados locales de Sinaloa, quienes entre los últimos minutos del 31 de diciembre y los primeros de 2019, aprobaron el Presupuesto de Egresos 2019 para su entidad.

El municipio de Querétaro y el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero tampoco se quedaron al margen. Eligieron la tarde del 24 de diciembre para reprimir a comerciantes y artesanos indígenas en Plaza de Armas. Aunque no haya salido en la mayoría de los medios, ni se le haya atribuido en las notas a la administración que encabeza el panista Nava Guerrero, los inspectores municipales golpearon y amenazaron a hombres, mujeres y niños indígenas, quienes cumplían más de 10 días de plantón y exigencia al gobierno estatal afuera de Palacio de Gobierno, cuando ocurrió la represión. Solo gracias al comprometido abogado Benjamín Castro, y no por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado —¿alguien sabe qué se supone que defiende a partir de la llegada de Roxana Ávalos como titular?—, es que los comerciantes y artesanos indígenas tienen asesoría jurídica para defenderse. Porque los inspectores y el Municipio empezaron la agresión —golpes y amenazas en realidad— y luego se hicieron las víctimas ante los medios.

Si de deseos se trata para 2019, señalaría tres de inicio: una investigación a profundidad de la relación entre los políticos socios o propietarios de gasolineras en Querétaro, sus amigos que financian campañas electorales y el huachicoleo, que muestre las complicidades, los nexos y la corrupción. Un segundo deseo consistiría en clases, cursos, seminarios o talleres de derechos humanos básicos, sentido común y compromiso social a los 25 diputados de la LIX Legislatura, sobre todo, a los representantes del partido en el poder, para evitar disparates y errores discursivos como los que recientemente expresaron Antonio Zapata y Tania Palacios. Tercero, último y más importante: que los periodistas y los medios de comunicación apostemos más y desarrollemos un periodismo de investigación en todo el 2019.

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