Justo el Día de los Santos Inocentes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (Peciti), el cual debió haber entrado en vigor hace al menos dos años.

Este retraso pone en duda la capacidad y eficiencia del gobierno. Además, hace pensar en la relevancia actual de un documento como éste cuando la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ha tomado, a lo largo de tres años, diversas acciones que han sido cuestionadas por parte de la comunidad científica del país. ¿Son los programas oficiales cada vez más irrelevantes en gobiernos con un modelo presidencialista?

¿Estamos perdiendo lo “público” de las políticas?

Mientras despejamos estas dudas, comentemos algunas luces y sombras del Peciti. Entre lo valioso que consigna el programa está el reconocimiento a las escasas y malas condiciones de trabajo para los jóvenes investigadores. Por ello, habrá que darle seguimiento a la propuesta de “[i]mpulsar ante el poder legislativo el diseño e implementación de un marco normativo que asegure los derechos de las y los trabajadores, así como la generación de empleos dignos para la comunidad científica”.

Igual de valioso es que en el objetivo referido a los Programas Nacionales Estratégicos, se relacione la investigación con la política educativa. En la “estrategia prioritaria” 3.5 se desea convocar a “instancias pertinentes” para “lograr la concurrencia de recursos” para realizar “proyectos de investigación científica” cuyo propósito sea la “solución de problemas prioritarios” en materia educativa. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) cuenta con un acervo de conocimientos acumulados en este sentido, pero, curiosamente, ni éste ni la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) son nombrados en el Peciti. ¿Por qué?

Es claro que la política científica de la 4T ya tomó forma a medida que se implementaron algunas acciones del Conacyt y su directora despliega un determinado comportamiento. Independientemente de lo que marcó el Peciti en 2019, la política científica camina entre la conducta de los actores y los hechos de la realidad.

De hecho, al leer el programa se pueden advertir ciertas contradicciones precisamente porque por un lado, parece haber una agenda que corresponde a lo que el presidente no puede controlar (avance científico y tendencias mundiales) y por otro, lo que el Conacyt y su directora quieren hacer. Hay entonces dos agendas que en ocasiones se cruzan, pero que también chocan. Por ejemplo, el Peciti sugiere que se desarrolle una “toma de decisiones informada” a partir del desarrollo científico pero esto es algo que el gobierno autonombrado de la cuarta transformación no suele practicar, al contrario.

Hay más rasgos sombríos del programa. Por ejemplo, trata de aplicar criterios administrativos y políticos al campo de la ciencia (“duplicidad de investigaciones”, “soberanía científica y tecnológica nacionales”). Además, el Conacyt de la 4T se erige como censor al querer determinar qué conocimientos valen y cuáles no y en aras de defender su visión política-ideológica, habla de “paradigmas ya superados”. Esto parece ciencia al servicio del gobierno, no del interés público, como establece el Peciti. Otra contradicción.

Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).

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