El conflicto que estalló en la Policía Federal la semana pasada empezó con demandas laborales y organizacionales diversas, pero, en las últimas 72 horas, se ha centrado en un tema específico: el reclamo de indemnización de los policías inconformes que no quieren pasar a la Guardia Nacional (GN) ni aceptan su transferencia a otras dependencias federales.
El argumento de los policías es el siguiente: si pasan a la GN, van a estar en una posición subordinada permanente, sometidos a maltrato constante por parte del personal militar y percibiendo una menor remuneración efectiva por la pérdida del ya célebre bono de operatividad.
Pasar a otras dependencias, como el Servicio de Protección Federal o el Instituto Nacional de Migración, tampoco les resulta atractivo: en la mayoría de los casos, probablemente verían reducido su ingreso efectivo, además de no contar con ninguna certidumbre de permanencia en esas instituciones. Dados los despidos masivos de funcionarios públicos en meses recientes, no parecen infundados esos temores.
Piden, en consecuencia, que se les despida y se les indemnice en los términos de la legislación correspondiente. Pero eso le genera un problema no trivial al gobierno: si accede a indemnizar a los inconformes, una buena parte de los demás policías federales va a pedir el mismo trato. Eso, además de provocar en el corto plazo un déficit de personal en la GN, abriría un boquete fiscal importante. Asumiendo una antigüedad promedio de 10 años, la indemnización típica probablemente se ubicaría entre 150 y 200 mil pesos por elemento. Si el 75% de la PF optara por esa salida, el costo fiscal se ubicaría entre 4.3 y 5.7 miles de millones de pesos.
La autoridad puede, por supuesto, mantenerse en su posición y solo ofrecer un finiquito a los policías federales que rechacen las alternativas laborales. Pero eso abriría la puerta a una avalancha de demandas. Con ello, se generaría un pasivo contingente mucho más grande, tal vez ubicado en decenas de miles de millones de pesos. El régimen laboral de los policías federales no está cubierto por la Ley Federal del Trabajo. No hay en consecuencia ningún límite al pago de salarios caídos. Por tanto, un policía federal que se fuese a litigio podría obtener, al cabo de algunos años, una indemnización de centenares de miles, sino es que de millones de pesos.
El gobierno se metió en este berenjenal por una combinación de torpeza y soberbia. La torpeza de insultar y maltratar sistemáticamente a los policías federales, al tiempo en que se les mantenía desinformados sobre las implicaciones de la creación de la GN. La soberbia de subestimar las dificultades administrativas del cambio y negar validez a cualquier alternativa.
Porque había alternativas para lograr los objetivos que presuntamente persigue la GN. Van dos, a manera de ejemplo:
1. Trasladar elementos militares a la PF, firmando un convenio de colaboración con el ISSFAM para el mantenimiento de su paquete de prestaciones. En paralelo, se podrían fortalecer los controles anticorrupción en ese cuerpo, adoptando las recomendaciones hechas en 2017 por la organización Causa en Común sobre el combate a la corrupción policial (http://bit.ly/2JsJbKN).
2. Duplicar en seis años el tamaño de la PF y construir en paralelo un cuerpo intermedio, con elementos militares, pero con mando civil, dedicado a tareas de control territorial en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Es decir, adoptar el modelo de países como España, Francia o Italia.
Pero eso ya no sucedió. Nos vamos a quedar en cambio con una pérdida enorme de capital humano y con un boquete fiscal de dimensiones nada triviales.
Mal desenlace.
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