Tras el rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, por carecer de las dos terceras partes de los votos en el Congreso, el presidente envío su Plan B para reformar cuatro leyes secundarias que afectan la operación y autonomía del INE y establecen un nuevo marco normativo con claras ventajas para Morena en las elecciones de 2024.

La iniciativa reforma y modifica, según Ricardo Monreal, 315 de los 493 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (64%); 59 de los 97 artículos de la Ley General de Partidos Políticos (61%); 70 artículos de los 110 de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (63%); y, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 13 artículos referentes al Tribunal Federal Electoral.

El “albazo legislativo”, aprobado irresponsable y dolosamente por Morena -sin siquiera haber leído su contenido-, modifica el sistema electoral a partir de dos sofismas: reducir el costo de las elecciones y erradicar el fraude. En el primer punto ha dispuesto medidas que reducen el presupuesto, estructura, funciones y personal (más de 15 mil funcionarios) del Instituto, limitando su capacidad operativa, la calidad de sus resultados, su confiabilidad como árbitro imparcial y la capacidad de sancionar a quienes trasgredan la normativa electoral. Así, al final, se impondrá una regresión democrática con la pérdida de autoridad e imparcialidad de las autoridades electorales, y se generarán conflictos innecesarios que terminarán por darle el pretexto para devolverle al gobierno esta función.

Respecto a evitar los supuestos fraudes electorales que alega AMLO —y de los cuales no ha presentado una sola prueba—, baste recordar que ninguna de las 330 elecciones que ha organizado el INE ha sido cuestionada o derivado en conflicto, incluida en la que él ganó la presidencia, y todas las que ganó y perdió su partido.

Las reformas afectaron incluso para los partidos satélite, que para no desaparecer les concedieron la trasferencia de votos de un partido a otro, en el caso de las candidaturas comunes; nueva forma de cálculo de los resultados a fin de que alcancen el 3% necesario para mantener su registro: eliminación del total de votos nulos y los otorgados a candidatos no registrados; o mantenerlo si en 17 entidades obtienen votos por encima del 3%.

El desaseo fue tan repugnante que Morena y sus satélites modificaron la disposición que los obliga a rendir cuentas de los recursos utilizados en cada elección y la devolución de remanentes, por la posibilidad de hacer “guardaditos” y aplicarlos en futuras elecciones, con lo que romperían la equidad.

La reforma es cuestionada porque corrompe la democracia al dar ventajas a Morena en 2024; por su inoportunidad (puede ser después de la elección presidencial); porque pretende devolverle el control de las elecciones al gobierno; porque viene desde el gobierno mismo, no desde la sociedad; y por saña, resentimiento y victimismo con que AMLO viola la Constitución para vengarse del INE porque no ganó las dos elecciones previas.

La premura e improvisación con que se hicieron las reformas los llevó a cometer graves errores de inconstitucionalidad, que deberá resolver la Suprema Corte, pese a la arrogancia legal con que actúa el Presidente.

Ofreciendo cianuro envuelto en caramelo, AMLO pretende envenenar la democracia y coronarse dictador de opereta. Como en Perú, la sociedad tiene la última palabra.

Periodista y maestro 
en seguridad nacional