Hace unos días, el senador Martí Batres presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 3 años de prisión a quien niegue o restrinja derechos laborales por condición de salud o enfermedad. La iniciativa se presenta a casi cuatro meses de declarada en México la emergencia sanitaria por Covid19, que ha cobrado miles de vidas y millones de empleos. Según el propio Batres, su propuesta busca castigar a quien despida a enfermos de Covid19. No busca, ni prevé mecanismos para, resarcir los daños a los derechos de los trabajadores despedidos, sólo castigar a los patrones. ¿Cómo? Metiéndolos a la cárcel.
Quizás el senador desconoce lo que sucede en las cárceles del país durante la epidemia. Según la CNDH, al 17 de julio de 2020, había 1,748 casos confirmados de Covid19 en los centros penitenciarios del país, 169 decesos y 355 casos sospechosos. Es probable que exista un sub-registro de casos en los reclusorios, como en otras partes del país. Cada entidad federativa ha atendido la epidemia dentro de los centros penitenciarios como ha podido, y pocas han publicado información sobre las medidas de mitigación que han tomado o el número de pruebas aplicadas al interior.
Lo que sí sabemos es que las condiciones carcelarias eran de inicio malas para atender una contingencia de salud. A mediados de marzo escribí en este espacio sobre el contexto penitenciario. Hago aquí un breve recuento: casi 40% de los centros tienen sobrepoblación; 46% de las personas privadas de la libertad en México comparten celda con más de 5 personas (en el Estado de México, 37% de las personas comparten celda con más de 15 personas). 30% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso a agua potable en su celda, 30% dice que la institución no les da medicamentos, y más de 90% que no reciben artículos de limpieza.
Pensar en sana distancia para evitar contagios, en lavarse las manos y tener higiene en estas circunstancias no es realista. Lo urgente era (es) liberar a las personas con mayor riesgo de morir de la enfermedad (ancianos, mujeres embarazadas) y a quienes no deberían estar en la cárcel (quienes esperan juicio o están acusados de delitos no violentos). Además, era (es) necesario modificar la política de detenciones para no seguir encarcelando con estos perfiles personas en plena epidemia.
Si bien la Ley de Amnistía se planteó como una promesa de campaña, se aprobó —en plena epidemia— justamente como herramienta para mitigar los contagios en cárceles. En un comunicado, el senador Ricardo Monreal afirmaba: “se trata de 4,600 personas que no representan ningún peligro para la sociedad (…) brindarles la amnistía es un gesto de humanidad, pero también de prudencia, frente a la situación que enfrentamos.”
Hoy, sin embargo, sigue sin ponerse en marcha la Ley y, lo que es peor, durante la epidemia la población penitenciaria ha crecido. Según un análisis de Adriana Ortega y Estefanía Vela, la población penitenciaria del país pasó de ser 205,535 en marzo a 209,063 en mayo. Es decir, en lugar de liberar a 4,600 personas, encarcelamos a poco más de 3,500. El crecimiento en la población penitenciaria se explica por el aumento de personas en prisión preventiva y se debe a de la reforma constitucional aprobada el año pasado que amplió los delitos que conllevan prisión preventiva. (Por cierto, dicha reforma fue presentada por el propio Monreal, quien después abogaría por la Ley de Amnistía). Hoy 50% de las mujeres en prisión en México están presas “preventivamente”, esperando sentencia. Frente a la “humanidad y la prudencia”, ganó, como siempre, el punitivismo.
¿De qué sirvió esta reforma y otras, como la de Batres, que tienen como objetivo un mayor uso de cárceles? El país no es más seguro. Tampoco se ha logrado mayor justicia social. Lo que sí tenemos son más personas expuestas a un sistema corrupto y disfuncional que ahora además, compromete la salud de miles.
