En mayo se cumplirán 30 años del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y un balance de éste será necesario para tener una mejor perspectiva de la política educativa de México.
Por su contenido y alcance, no pocos analistas consideraron al Acuerdo como un “punto de quiebre” del Sistema Educativo Nacional. De él, derivó la Ley General de Educación de 1993 y se inauguró la época de crear pactos para impulsar políticas públicas. Recordemos que después del ANMEB vinieron el Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2002) y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE, 2008). Ambos con resultados poco notables en lo educativo y en el caso de la ACE, con una reedición del pacto corporativo instaurado por el PRI.
El Acuerdo de 1992 fue importante porque, en su tiempo, mandó el mensaje de que el Gobierno Federal, los estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podían colaborar para “reorganizar” el sistema educativo y “elevar la calidad de la educación pública”. Se quiso construir entonces una nueva gobernanza cuyos ejes eran de índole política, administrativa y curricular.
Estos ejes tomaron forma en cuatro políticas: (1) la descentralización de los servicios educativos a los estados “con todos los elementos técnicos y administrativos, derechos y obligaciones”; (2) el impulso de la participación social para lograr “un mayor equilibrio” entre los “diversos actores del quehacer educativo”. Con ello se pretendía eliminar la “intermediación burocrática” del proceso educativo y propiciar así una comunicación “mas directa y fluida” entre alumno, maestro, escuela y comunidad; (3) el cambio curricular que consistía en la “renovación total” de planes y programas de estudio, así como de los libros de texto para privilegiar “conocimientos verdaderamente esenciales; y (4) la “revalorización de la función magisterial”. Se pretendía entonces la actualización y superación profesional de los maestros mediante la capacitación y la “promoción horizontal” para acceder a mejores niveles salariales. A esto se le conoció como Carrera Magisterial. “El protagonista de la transformación educativa de México debe ser el maestro”, se decía hace tres décadas (DOF, 19/05/1992).
¿Qué ha pasado desde entonces? Si hoy se sigue demandando la “revalorización” del magisterio, es que no hemos avanzado lo suficiente en 30 años. Recientemente, también ha habido anuncios que remiten al Acuerdo de 92. Uno de ellos es concerniente con la “mudanza” de la SEP a Puebla, tal como lo prometió López Obrador. ¿Pensará el presidente que por cada kilómetro que se aleje una oficina de la capital hay ganancia en los aprendizajes? Esta propuesta de “federalismo” retrata bien a la 4T: es una faramalla que complicará más las cosas a futuro. Igual parece que va a ocurrir con el rediseño de los libros de texto gratuitos, que parte más de la improvisación que del cambio curricular meditado. Incluso AMLO ha hablado de elaborar una “constitución moral” cuyos valores y contenidos serán “transmitidos en las escuelas”. La derecha está feliz. En donde creo que hay un tema prominente de análisis es en la estrategia de entrega de recursos “sin intermediarios” a las escuelas con el objetivo de “fortalecer la participación de las madres y padres de familia y docentes en la toma de decisiones en el ámbito escolar” (Prosedu, 2020). La discusión dará pie a una mejor perspectiva educativa. Iniciémosla.
Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS)
