Personas que viven con VIH / Sida y no discriminación

Lídice Rincón Gallardo

La epidemia del Sida en México ya tiene oficialmente casi 30 años. Su permanencia, costos y consecuencias personales y sociales han estado ligados profundamente al estigma y la discriminación, que han impedido su disminución y fomentado su propagación.

Este estigma se construye a partir de una percepción prejuiciada y desinformada de la sexualidad, y sus costos se reflejan de la siguiente manera. Todos estos años han sido muy pobres y escasas las estrategias preventivas instrumentadas por los gobiernos federal y estatales, con la participación de la sociedad civil, dirigidas a los grupos más afectados por la epidemia –hombres que tiene sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales y usuarias de drogas intravenosas–, así como a poblaciones vulnerables al riesgo de la infección –mujeres, jóvenes, migrantes y personas en situación de cárcel.

El retraso en la aplicación de estas acciones de prevención ha ocasionado las infecciones y casos de SIDA que hoy conocemos.

Actualmente, existen 110 mil casos de SIDA acumulados desde que apareció la epidemia en el país, de los cuales han muerto cerca de 60 mil personas. Y han logrado sobrevivir 50 mil, gracias a los medicamentos antirretrovirales. Los cálculos oficiales estiman que adicionalmente otras 200 mil personas ya han contraído la infección. 

De acuerdo con las recomendaciones de ONUSIDA, México debería invertir en prevención de la transmisión sexual del VIH más de 600 millones de pesos al año. Sin embargo, en el año 2012, la Secretaria de Salud federal sólo destinaría para este propósito 160 millones de pesos. Sólo durante 2012, el costo del tratamiento a las personas que viven con VIH asciende a 450 millones de pesos en medicamentos antirretrovirales, resultado de la falta de prevención y atención. Este monto puede considerarse como un resultado directo de la discriminación que prevalece en México.

En suma, el estigma y la discriminación en torno al VIH se han traducido en ausencia de prevención, menoscabo en el ejercicio de la ciudadanía, así como en la pérdida de vidas, desarrollo económico, bienestar y democracia. Por todo esto, necesitamos combatir al Sida y no a las personas; combatir los prejuicios relacionados con las medidas preventivas del VIH, y asumir que se trata de un problema de salud y educación públicas.

Debemos establecer políticas de salud, educación, trabajo y derechos humanos que se traduzcan en estrategias preventivas específicas, que cuenten con presupuestos suficientes y que estén dirigidas a las poblaciones afectadas y vulnerables al riesgo.

También es importante garantizar el acceso de las poblaciones afectadas y vulnerables a los insumos de prevención cuya eficacia esté respaldada por evidencia científica, acciones focalizadas de prevención, así como la disponibilidad y accesibilidad de las pruebas de diagnóstico y los medicamentos profilácticos, en el caso de la transmisión materno-infantil.

Finalmente, necesitamos favorecer el reconocimiento de los derechos humanos y combatir el estigma y la discriminación asociados a la inequidad de género y la homofobia, que en México está íntimamente relacionado con el VIH.

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