Perfiles electorales. Parte II

Carlos de los Cobos

¿Puede una mala persona ser un buen juez?, Jorge Malem

La semana pasada en este mismo espacio, esbozamos un perfil de Consejero Electoral a partir de los estudios realizados por el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Establecimos que una figura tan importante, para la consolidación democrática, debe poseer características muy especiales, tales como el compromiso institucional y el respeto a los valores intrínsecos de la función electoral, pero sobre todo ello, se requieren Consejeros Electorales con una ética de la responsabilidad en un proceso electoral que se vislumbra complejo, tanto por el nuevo entramado jurídico como por la situación propia del país y las elecciones intermedias de diputados federales y en la entidad, la elección del nuevo gobernador del estado.

En esta segunda parte quiero referirme al tema pendiente de la designación de los Magistrados Electorales, quienes ante todo deben saber que son jueces de la política, no jueces políticos; la judicatura es un “apostolado” me dijo una Ministra de la Corte Colombiana hace un año en la reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Antigua, Guatemala.

Los Magistrados electorales deben asumir el compromiso de lealtad, ser meticulosos, revisar constancias, resolviendo conforme a su expediente y no por consigna, muy conscientes de los efectos socio políticos de sus resoluciones, ya que una validez o invalidez de un proceso electoral o un asunto mal manejado puede generar ingobernabilidad. El gran reto es abandonar la concepción decimonónica del Derecho y establecer un diálogo permanente con la academia para cuestionar y legitimar sus decisiones, las cuales no pueden ser anti sistémicas, sino generar paz y orden social.

Hoy, los Magistrados que sean designados por el Senado de la República, deben ser expertos en la materia, no sólo conocer la “nueva” ley, eso lo hace cualquiera, se requiere saber Derecho, deben además tener una formación judicial ardua y probada, con lealtad a las instituciones y una ética que soporte el ácido del que serán objeto; nada de abandonar el despacho judicial por celebrar eventos sociales en la cantina de la esquina, menos aún personas mezquinas y llenos de compromisos políticos y sociales, con acoso sexual de ellos sobre su personal o relaciones impropias entre la gente de su confianza. Hay personajes bastante “cariñosos”, y contratan personal a fin a su preferencia sexual, cobrando el favor de manera heterodoxa y artera.

Ambas instituciones, el Consejero y el Magistrado electoral deben operar el nuevo paradigma de los derechos humanos, entre ellos, los derechos político – electorales y estar a la altura de los tiempos, para que con decisiones administrativas y sentencias, la democracia en las entidades federativas y en México tengan garantes. Quienes los designarán, previo los filtros a que haya lugar, los cuales deben ser difíciles, pues no se trata de contratar “chambistas” sino especialistas, pues tienen un enorme reto: asegurar en las entidades funcionarios de excelencia, con actitud de servicio, con conocimientos teóricos y prácticos y sobre todo, ecuánimes en toda discusión. El género debe ser un elemento insoslayable a considerar, porque la misoginia por desgracia existe.

La pregunta que subyace al respecto es: ¿Cómo formar hombres de bien que ejerzan su profesión con ética e imparcialidad? Esto no sólo es un problema de cultura jurídica, lo es también de educación, de formación de operadores preparados para los desafíos del Derecho en el siglo XXI. Un Derecho que sea la única herramienta válida para defendernos de la arbitrariedad legal, económica y política.

Ser juez no es nada fácil en un Estado que aspira a ser democrático y, por ello, esta función debe replantearse como una formación profesional especial, alejada de intereses políticos y compadrazgos que pongan en riesgo el Pacto Social. Mi postura siempre será que “un mal hombre, no puede ser un buen juez”, por parafrasear al Dr. Malem.

La tarea sustantiva de resolver asuntos debe ser atendida plenamente a partir del paradigma actual de los Derechos Humanos y el control de la convencionalidad; así, requerimos juristas y no técnicos expertos en leyes sino en Derecho. En síntesis, apuesto por jueces activistas, guardianes de las promesas constitucionales y democráticas, ausentes de toda lógica perversa.

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en justicia constitucional

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