Para muchos, llegar a la jubilación es un sueño largamente acariciado, harán cosas que sus horarios de trabajo impedían. Disfrutar más tiempo con la familia y amigos, leer libros inconclusos e iniciar otros, caminar largas veredas, viajar sin plazos rígidos, armar rompecabezas, resolver crucigramas, dormir mucho, intentar nuevas actividades o simplemente hacer lo que les plazca. Para otros, terminará la angustia de la inestabilidad en el empleo y tendrán un ingreso seguro. Podrán, inclusive, complementar sus percepciones con otro trabajo.

Todos aquellos que obtuvieron una pensión del IMSS o ISSSTE por medios legítimos, cumpliendo los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas, podrán disfrutar sin sobresaltos indignos esa justísima prestación universalmente aceptada.

Hace 42 años, en 1976, Luis Echeverría Álvarez emite el ilegal acuerdo 7637 que determina los exmandatarios deberán recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado  (205 mil  122 pesos en 2018) así como los servicios de 78 elementos militares. En 1987, Miguel De la Madrid Hurtado, mediante el acuerdo 2763-BIS “actualiza” las prestaciones incorporando a otros 25 empleados para sumar 103, y “pequeños” beneficios como seguro de vida y  gastos médicos mayores.

Carlos Salinas De Gortari y Ernesto Zedillo Ponce De León, en sendos arranques de conciencia,  decidieron no recibir la pensión.

Vicente Fox Quesada, el folclórico ex presidente, preparó su futuro económico  (área visible) con la costosa  transformación de un árido rancho abandonado en un sorprendente vergel. Para lograr ese descomunal propósito utilizó anticipadamente a miembros del ejército mexicano. El visionario hombre de negocios, destinó una parte sustancial del predio encantado para conformar su famosa sede de eventos sociales denominado coloquialmente como “Centro Fox” que es administrado por 19 personas con  un costo de 800 mil pesos mensuales con cargo a la federación. Fox recibe integralmente “su” pensión, prestaciones y “apoyo” militar.

En 2012, unos días antes de terminar su presidencia Felipe De Jesús Calderón, si, aquel que “ganó” la presidencia  bajo intensa sospecha de fraude entrando a escondidas y sacado en vilo del congreso, el “dueño” de la frase “haiga sido como haiga sido”, el que declaró irresponsablemente la guerra al narcotráfico generando más de cien mil muertes, si, ese, también modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para aumentar a 425  el número de guardias de seguridad asignados a su familia; padres suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos ¡faltaba más, este pueblo aguanta todo!

Hasta esta fecha tiene a su disposición a 18 empleados del servicio civil, 32 del ejército, 16 de la armada, y 8 de la fuerza aérea.  Además recibe bonos, aguinaldos, compensaciones, servicios telefónicos, predial, agua, luz, viajes, oficinas, seguro de vida y gastos médicos mayores para él, esposa e hijos.

“Mantener” a Felipe Calderón quien a la fecha de su “jubilación” sólo contaba con 50 años y unos cuantos años de servicio, tiene un costo anual de 54.2 millones de pesos, convirtiéndose en el ex presidente más caro del mundo superando en un 500% al ex presidente de Singapur y 600% al ex presidente de Suiza (Ernesto Villanueva, Proceso).

Las leyes en nuestro país no pueden tener una observancia discrecional, esos serán pronto  actos delictivos. Los exempleados oficiales, del nivel que sea, se deberán ajustar en sus pensiones a las alternativas que presente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado (ISSSTE) y por supuesto ¡tener más de 6 años de antigüedad!
El 13 de septiembre del año en curso, la Cámara de diputados, aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que integra la prohibición al pago de pensiones a expresidentes. El 31 de octubre, el Senado por conducto de su presidente Martí Batres ordenó la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, terminando con esos actos de oprobio y abusos presupuestales.

La cancelación de pensiones a ex presidentes no representa un monto  cuantitativo en ahorro para nuestro gasto corriente, sin embargo, significa un paso enorme en la dignificación de un servicio público al servicio del pueblo.