Peñistas vs. peñistas, sálvese quien pueda

14/08/2019
08:55
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El jurista, filósofo y profesor, Hans Kelsen, decía en su Teoría del Derecho Puro, que “la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en la mano”, y así es como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Fiscalía General de la República, está ejecutando las investigaciones y acusaciones de corrupción contra el sexenio pasado. El encarcelamiento ayer de Rosario Robles —en principio de dos meses por “ejercicio indebido del servicio público por omisión”, pero con nuevas acusaciones que prepara la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda— representa el primer golpe real en la estrategia de combate a la corrupción y el primer “logro contra la impunidad”, según lo definió el presidente.

Con cuatro investigaciones emblemáticas contra la corrupción del sexenio peñista: el caso Odebrecht, la Estafa Maestra, la compra de la Planta de Agronitrogenados y el lavado de dinero en la Caja Libertad —las dos primeras que recibieron ya iniciadas y las dos últimas armadas en esta administración por la FGR— la “Cuarta Transformación” ha comenzado a jalar los hilos de la enorme madeja de corrupción del gobierno anterior y tiene en este momento contra las cuerdas, ya sea en la cárcel o en calidad de prófugos de la justicia a personajes clave de la administración de Peña Nieto, desde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el empresario acerero Alonso Ancira, el abogado Juan Collado y la primera exsecretaria de Estado peñista en pisar la cárcel, Rosario Robles.

Y un primer efecto del embate judicial contra el gobierno anterior, resultado de la presión y la persecución que están ejerciendo contra los personajes investigados, es que en el que fuera hasta hace unos meses el grupo gobernante, los peñistas empiezan, en un intento por salvarse de la acción de la justicia, a acusarse unos a otros y a acusar varios de ellos al jefe político del grupo: el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya ocurrió ayer con Rosario Robles, que en el momento en el que el juez dictaba la prisión preventiva y la Fiscalía acusaba a la exsecretaria de no haber actuado para evitar y sancionar los desvíos de 5 mil 73 millones de pesos de Sedesol y Sedatu ni haber informado a sus superiores, rápidamente Robles buscó un salvavidas: sí informé a mi sucesor en Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, y al mismo presidente Peña Nieto, a través de mensajes y comunicaciones por la llamada “línea roja”. El dicho de Rosario motivó que el juez ordenara investigar al excandidato Meade y pidiera también a la defensa de Robles documentar cómo se informó al expresidente Peña para saber si le les puede imputar a ambos responsabilidad penal.

Pero Rosario no es la primera que, en un afán de salvarse, apunta para arriba y lanza acusaciones. Ya lo había hecho Emilio Lozoya, quien desde su fuga del país, el pasado 30 de abril para refugiarse presuntamente en Alemania, comenzó a lanzar acusaciones directas a través de su abogado, Javier Coello, en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex, por su autorización en la compra de la planta de Agronitrogenados, mientras que a Peña Nieto, su exjefe y amigo lo ha acusado también no sólo de haber autorizado la compra fraudulenta de esa planta de fertilizantes, sino también de haber estado al tanto de los sobornos presuntamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht durante su campaña.

Desde su escondite en Europa, Lozoya no ha dejado de mandar mensajes y amagar con “acusar a los verdaderos responsables” de los delitos que a él le imputa la FGR. Y aunque no ha difundido el video con el que amagó su abogado, los que conocieron de primera mano la cercana relación entre Emilio Lozoya y Peña Nieto, recuerdan con claridad cómo el ex director de Pemex, cuando ya habían empezado a investigarlo por el caso Odebrecht el sexenio pasado, pidió insistentemente ser recibido por su amigo el presidente. El entonces secretario particular, Erwin Lino, recibió la petición directa de Lozoya para que lo recibieran en Los Pinos, pero cuando la respuesta de la Presidencia fue “no te va a recibir”, Lozoya Austin, enojado, mandó un amenazante mensaje: “Dile que no se le olvide que yo le entregué (a Peña) en su propia mano 5 millones de dólares”. Cuando el mensajero se negó a entregar ese mensaje y le pidió a Emilio que lo pusiera por escrito, este redactó una tarjeta en la que textual repetía la entrega de los 5 mdd al entonces presidente. La tarjeta llegó a la Secretaría Particular del presidente, pero nadie se atrevió a entregársela a Peña. ¿Guardará Emilio Lozoya una copia de esa tarjeta que le mandó al presidente Peña Nieto?

Muy distinto es el caso de Alonso Ancira, el dueño de AHMSA a quien también acusan de la venta fraudulenta a Pemex de su planta de fertilizantes, pero con su detención en España y posible extradición, también le están cobrando al empresario salinista y peñista, no sólo ese hecho, sino un dato que tienen muy bien documentado en el equipo de López Obrador: que la mayor parte de los fondos que financiaron las “campañas negras” y los ataques contra el candidato presidencial de Morena en las pasadas elecciones de 2018, salieron de las cuentas personales de Ancira.

Y finalmente, el caso de Juan Collado, el abogado defensor de Carlos Salinas de Gortari y de Peña Nieto, además de una pléyade de personajes priistas y del viejo sistema, el caso en su contra también tiene un doble efecto: por un lado acusarlo de lavado de dinero por las transferencias que realizaba desde la Caja Libertad, pero al mismo tiempo cortar una de las fuentes directas de financiamiento de los dos ex presidentes, y por el otro romper por completo la estrategia de defensa que pudieron haber tenido los peñistas que hoy, sin su abogado estrella, empiezan a ver cómo las acusaciones de la Fiscalía General de la República, encuentran eco y respaldo en la acción de jueces a los que no les tiembla la mano ni se ven presionados por la mafia jurídica que encabezaba Collado.

Y así, tal como lo dijo Kelsen, llámese justicia o llámense venganza, la cacería de los peñistas ha comenzado “con la ley en la mano”. Y todos los caminos —y todas las declaraciones y acusaciones de los integrantes del gobierno anterior— llevan a Peña Nieto.
 
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